Santo Domingo Este.– El conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la Operación Panthera 7, relacionada con el decomiso de casi 10 toneladas de cocaína, ha sido aplazado para el próximo miércoles 29 de enero.
La decisión la tomo la jueza Karen Casado en la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este. El aplazamiento se dio debido a que algunos abogados no habían tenido acceso a los detalles del expediente, lo que dificultaba la preparación de sus estrategias legales.
La operación, llevada a cabo en diciembre de 2024, resultó en la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo. Esta acción fue parte de una investigación más amplia que apunta a una red de narcotráfico transnacional.
Entre los imputados se encuentran figuras relevantes como José Nicolás Castillo Hart, alcalde de Bayahibe, y su hijo, quienes junto a otras personas enfrentan serias acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.
El Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare como complejo, dada la magnitud de las evidencias y la participación de individuos clave en la organización criminal. Además, se asegura que los acusados violaron varias disposiciones del Código Penal Dominicano y otras leyes relacionadas con el narcotráfico.
Nuevos implicados en el caso
Un aspecto relevante del caso es la entrega reciente de Alexander Henríquez Castro, quien se sumó como octavo implicado en la red de narcotráfico. Henríquez, quien trabajaba como sellador en el Puerto Multimodal Caucedo, lo arrestaron luego de que se emitiera una orden en su contra por su presunta vinculación en la operación de tráfico de drogas.
Sin embargo, debido a que se entregó voluntariamente y después de que se presentó la solicitud de medida de coerción, su proceso judicial no se considerara junto con el de los otros siete detenidos en la misma operación.
El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, confirmó que aún no se ha tomado una decisión sobre si se solicitará una medida de coerción para Henríquez. Este será un aspecto clave en el desarrollo del caso.
Implicaciones legales para los imputados
Los acusados en la Operación Panthera 7 enfrentan múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas, la asociación de malhechores, el lavado de activos y la violación de leyes sobre el control de armas.
Entre los imputados, Enriquillo Luis Brito y su hijo Enrique José Luis Brito también enfrentan cargos adicionales por infringir la Ley 631-16 sobre control de armas y la Ley 155-17 sobre lavado de activos.
La red criminal desmantelada utilizaba puertos y aeropuertos como puntos estratégicos para enviar y recibir cargamentos de droga.
