Desde septiembre pasado un tribunal ha intentado conocer el proceso judicial en contra de la coronela y los demás policías implicados en la agresión al titular del Defensor del Pueblo y miembros de la prensa en el Canódromo.
Ayer, se produjo el tercer aplazamiento de la audiencia preliminar a los imputados. Los aplazamientos se han dado por cuestiones técnicas, la ausencia de abogados y el cambio de defensa.
Al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, no le quedó más que suspender la vista de ayer. Esto así debido a que uno de los imputados cambió de defensa y solicitó tiempo para conocer el expediente.
La audiencia, en la que también se conocerá la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público en contra la coronela y los otros agentes implicados, fue pautada para el lunes 21 de noviembre.
Antes de este aplazamiento, se reenvió la vista por la ausencia de los abogados de dos de los imputados. Esto sucedió el lunes 24 de octubre.
La primera fecha para iniciar con el proceso judicial fue el 15 de septiembre. Ese día no se conoció la vista ya que los siete acusados no fueron debidamente citados y se aplazó para octubre.
El hecho en el que se agredió el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, personal de la institución, reporteros de Listín Diario y CDN, ocurrió el 11 de abril. Sucedió cuando se realizaba una inspección en el Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”.
En este caso, el Ministerio Público está solicitando al tribunal que se le imponga garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a la coronela y los demás los imputados.
Con la coronela son siete los imputados
Los implicados son la coronela Ysabelita De los Santos Pérez, quien era la encargada del Canódromo, los agentes Geraldina de los Santos, Marisol Vargas y Javier Natanael.
También, los policías Ronny Recio Rosario, Carlos Borque Paulino, Braulio Pérez, y Starling Antonio Ramírez Sierra, quien de acuerdo a lo informado, había sido retirado de la Policía, pero estaba al servicio de la coronela.
El Ministerio Público acusa a los imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 153-07, sobre delitos de alta tecnología y los artículos 49 y 190 191 de la Constitución.
