El Ministerio Público depositó la noche de este lunes la solicitud de medida de coerción contra imputados los de la Operación Calamar en La Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Una comisión de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Mirna Ortiz, coordinadora de litigación del órgano persecutor, llevó las pruebas en cajones que recopilaron durante la investigación.
La procuradora luego que salió de depositar la solicitud de medidas coercitivas, dijo que el órgano persecutor cuenta con más de 1,200 elementos de pruebas contra los encartados en el caso.
Sostuvo que el Ministerio Público solicita prisión preventiva en contra de los 20 encartados en el proceso judicial que «se ha desarrollado con estándares internacionales en todo lo que ha sido la recolección de las pruebas».
Ortiz expresó que están en la etapa inicial del proceso y no descarta que a medida que se desarrolle el caso haya nuevos apresados por supuestas vinculaciones en la red criminal.
La fiscal añadió que además solicitan que el caso sea declarado complejo y que están preparados para demostrar ante el tribunal que la medida idónea para los apresados es la prisión preventiva.
Según el órgano investigador es un caso de alto nivel de complejidad de un presunto entramado de corrupción que distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos.
El Ministerio Público acusa a los implicados de forma preliminar de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campañas políticas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) espera que el Cuerpo de Justicia examine las evidencias y acusaciones, y proceda a juzgar a los implicados del cuerpo entramado criminal.
Las vinculados principales del supuesto entramado criminal son Gonzalo Castillo, excandidato a la presidencia por el PLD, y exministro de Obras Públicas y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia. Además, Donald Guerrero, exministro de Hacienda y otras personas detenidas mediante la Operación Calamar.
