Enfatizó en la creación del Ministerio de Justicia y en actualizar normas, entre ellas Compras y Contrataciones
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó por la necesidad de una reforma contundente en al menos diecisiete legislaciones pendientes, en una tarea de actualización y creación de leyes, para lograr el óptimo funcionamiento del Estado y garantía de derechos.
Este recordatorio surge en momentos en que la atención pública está centrada en la propuesta de reforma constitucional que someterá el presidente de la República, Luis Abinader, este 16 de agosto, que contempla impedir modificaciones futuras a las normas constitucionales de elección presidencial, consolidar la independencia del Ministerio Público y reducir el número de diputados en el Congreso Nacional.
Los planteamientos de Finjus, esbozados en un documento de diez páginas, hacen referencias a la necesidad de actualizar marcos regulatorios relacionados con la organización y funcionamiento del Estado que propicien el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas. De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, estos ajustes deben aplicarse mediante la definición y adopción de mecanismos que garanticen la participación social en esos temas.
“Es con carácter imperativo que surge la necesidad de profundizar la labor legislativa, para adoptar las reformas más significativas que sirvan para adecuar nuestras respuestas al dinamismo con el que avanza la sociedad actual”, sostuvo el jurista.
Reforma a la Ley de Compras
Entre las reformas pendientes citó la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Castaños Guzmán consideró urgente la actualización de esta normativa para revisar aspectos tales como la participación de funcionarios públicos como agentes privados en el sistema, la fragilidad de la figura de las contrataciones de obras, los mecanismos de supervisión, entre otras cuestiones, para evitar áreas difusas o ambiguas dentro de la norma que pudieran afectar el clima de inversión y la seguridad jurídica del país.
Desde su óptica, la Ley 340-06 “ha sido uno de los cimientos principales del modelo clientelista que ha imperado en el sistema político dominicano y ha permitido la aparición de múltiples distorsiones e inconsecuencias que se han mantenido a lo largo de las últimas décadas, reforzado por la crisis del sistema de justicia y la impunidad que de ella se deriva”.
Separación de poderes
Respecto a las reformas necesarias, englobadas en el bloque “órganos del Estado y mecanismos de control”, ponderó que como todo Estado organizado, se requiere la existencia de instituciones públicas permanentes que sean socialmente respetadas, con un poder judicial independiente, mecanismos de control con poderes suficientes, un sistema impositivo justo y transparente y mecanismos que brinden seguridad eficiente.
En ese orden, dijo que la regulación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa constituye una pieza clave en el sistema de justicia dominicano. “Los derechos de las personas ameritan de una tutela judicial competente de conformidad con las actuaciones u omisiones que se realizan por parte de la administración pública”, comentó.
En esa misma línea, calificó de necesario que el Congreso adopte la Ley Orgánica de Fiscalización y Control que ordena el artículo 115 de la actual Constitución. “Ciertamente, la función de control político tiene un fundamento constitucional, no sólo en la definición misma de la democracia, sino en el principio de separación de poderes”, agregó.
Mejor control interno
De inmediato apuntó a la reforma de Ley sobre la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Interno. Significó la importancia de poner el foco en los desafíos en términos de promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como los retos atinentes al manejo eficiente de los recursos públicos, sean humanos o financieros, conforme a los parámetros necesarios que demanda una administración pública más comprometida con una visión de modernidad institucional y desarrollo social.
En cuanto a las reformas orientadas a los órganos del Estado y sus relaciones con las personas, Finjus mencionó el Proyecto de ley de Participación de la Ciudadanía y Mecanismo de Control Social.
La iniciativa tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación de la ciudadanía y los mecanismos de control social establecidos por la Constitución los cuales contribuyen al fortalecimiento de la democracia participativa y representativa y la cohesión social.
Explicó que mediante esta iniciativa legislativa se conjugan otros proyectos de ley que propenden a la regulación del derecho de participación civil en los asuntos públicos y los mecanismos de control social, como lo son el libre acceso a la información pública, las consultas populares; las denuncias de faltas; el derecho de petición; los observatorios; el referendo constitucional; el referendo ordinario; el plebiscito; las veedurías ciudadanas y las vistas públicas.
Reforma al Código Penal y policial
Como era de esperarse, la fundación hizo mención a la reforma al Código Penal Dominicano promulgado en 1884. Castaños Guzmán consideró que a la fecha, resulta impostergable la reforma del texto íntegro de dicha normativa, tras ponderar que la misma no responde a las necesidades de prevención y persecución del delito de una sociedad cada vez más globalizada.
En ese ánimo, planteó que así como evolucionan las actividades criminales, debe hacerlo el sistema policial, implementando estrategias efectivas, justas y responsables para ofrecer a la ciudadanía un trato humano y digno. Desde su visión, el enfoque de la reforma policial debe abordar una perspectiva multidisciplinaria que incluya la capacitación y educación de los agentes, las relaciones comunitarias y la prevención de la criminalidad. Así también, hay que analizar el contexto local y las necesidades específicas de cada comunidad.
Actualizar Ley de Trata y crear Ministerio Justicia
En materia de tráfico de migrantes y trata de personas, Castaños Guzmán puntualizó en que la legislación actual data del año 2003. En ese sentido, sugirió que el Congreso debe aunar esfuerzos con los entes que interactúan en torno a una iniciativa que modifique la normativa actual, debido a la diversificación, complejidad e incidencia de este delito. Referente a las nuevas leyes pendientes, aludió al proyecto que crea el Ministerio de Justicia. Confía en que con esta creación, vendrá también la mejora concerniente al sistema penitenciario, “asociado a la catastrófica situación por la que está atravesando actualmente y la sobrecarga que tiene el Ministerio Público y órganos relacionados en la materia”.
