El juez Deiby Peguero revocó este lunes la decisión del Ministerio Público de no admitir una querella que una fundación llamada Alfredo Nobel presentó para ser parte del caso Pulpo y con ello ser resarcida materialmente por el daño derivado de los hechos que le imputan a Alexis Medina y los demás acusados.
Con la decisión del magistrado, la entidad sin fines de lucro, que preside Julio Cabrera Brito, podrá construirse en querellante en este caso, en el que el Estado ya tiene esa calidad.
Como el Ministerio Público no le admitió la querella la fundación, que se dedica a desarrollar proyectos de bienestar social y ayuda humanitaria, presentó una objeción que fue conocida hoy por el juez.
Al respecto, el fiscal anticorrupción Wilson Camacho dijo que no están de acuerdo con el fallo del magistrado Peguero, pues entienden que como el Poder Ejecutivo designó a un equipo de abogados que son querellante y actor civil del proceso, los intereses del Estado y los colectivos y difusos están correctamente representados.
“El tribunal ha entendido otra cosa, ha admitido la querella”, dijo previo a explicar que la decisión del juez puede ser aplazada ante la instancia correspondiente y que cuando le entreguen por escrito el fallo de manera completo, entonces tomarán “decisiones en consecuencia”.
“La posición del Ministerio Público es que en un caso como este, en el que el Estado y el Poder Ejecutivo ha designado una barra para representar los interés del Estado eso representada el interés de cualquier dominicano que pueda sentirse agraviado por los hechos que han acontecido en este caso, además de que el Ministerio Público vela por la representación de la sociedad como establece la Constitución”, manifestó Camacho, titular de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la audiencia, antes de que el juez Peguro diera su fallo, la fiscal de la Pepca Mirna Ortiz le había dicho al magistrado que la Fundación Alfredo Nobel no tiene la calidad para ser querellante y acto civil en este caso, pues ya el Estado apoderó a un equipo de fiscales para recuperar los bienes públicos que habrían sido sustraídos por los imputados, además de llevar la acusación junto al Ministerio Público.
Explicó que en este caso el Estado está facultado para esto y que la fundación ni siquiera ha mencionado los hechos, ni ha aportado pruebas ni ningún otro elemento que ayude al Ministerio Público en la persecución de los ilícitos penales.
“No es necesidad en este caso que otra entidad que no representa el colectivo, ni es del Estado se constituya en actor civil y mucho menos pretenda ser resarcida de un daño que no ha justificado que de manera directa se le ha ocasionado”, manifestó la fiscal, quien es coordinada de litigación de la Pepca.
