El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sugirió al presidente del Consejo del Poder Judicial una evaluación del sistema de justicia penitenciaria para que la jurisdicción de la ejecución penal sea más eficiente.
Servio Tulio Castaños Guzmán remitió una carta al magistrado Luis Henry Molina en la que consideró que se debe dar este proceso, que debe empezar con la elaboración de una política de Estado para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y el control de la ejecución de las sentencias firmes, acorde con la Constitución y las leyes en la materia.
Hacinamiento
Afirmó que la situación de hacinamiento y abandono en que se encuentran los reclusos, representa una problemática y que pese a que contra estos hay sentencias definitivas, el sistema no ha puesto a su alcance las herramientas que garantizarían sus derechos. “Lo que se refleja de manera dramática en el último Censo Nacional Penitenciario realizado por la Oficina Nacional de la Defensa Pública”, dijo.
En ese sentido, en la misiva enviada el pasado miércoles a Molina, quien también es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Castaños Guzmán sugirió que para evitar la burocracia para poner en libertad a algún recluso que haya cumplido su pena, no se debería esperar a solicitarlo al juez de Ejecución de la Pena, sino que debería ser de oficio.
“Lo que evitaría la burocracia al momento de decidir sobre este aspecto, lo que provoca que los privados de libertad, luego de haber cumplido una condena, no permanezcan por varios meses esperando la decisión, ya que este trámite debió ser oficioso”, expuso.
Asimismo, Castaños Guzmán le manifestó al magistrado Molina, que como una de las funciones del juez de Ejecución de la Pena es la de ser un garante de los condenados al momento en que puedan promover revisión penal en casos de cambio jurisprudencial o una ley más favorable, sería importante que este magistrado se motive a promover dicha solicitud.
Las funciones del juez de Ejecución de la Pena
Castaños Guzmán explicó que el juez de Ejecución de la Pena, como funcionario judicial, tiene a su cargo vigilar el debido cumplimiento de los derechos humanos de los condenados, así como verificar la correcta aplicación de las sanciones de carácter disciplinario en los centros, debe mantener la legalidad y ejecutoriedad de las sentencias, entre otras funciones.
