Un grupo de abogados que se desempeñan como fiscalizadores del Ministerio Público exigieron ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) revoque una resolución en la que son inhabilitados o degradas de su función.
Indicaron, que pese a tener años como fiscalizadores, con esta acción se les están vulnerando sus derechos. Durante una rueda de prensa manifestaron que la “satanización de que los abogados en función de Ministerio Público de que no son de carrera y que el procurador que emitió esos autos de designación no estaba facultado para hacerlo y que estos se encuentran vencidos desde el año 2011, son cuestiones “que no resisten el más mínimo análisis jurídico”.
A su entender, la procuradora general de la República, Miriam German Brito” ha sido sorprendida en su buena fe producto de una lucha de intereses que hasta el día de hoy se está librando a lo interno de la Procuraduría General de la República y ha desatado toda una cacería de brujas”.
Los fiscalizadores, que interpusieron una acción ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), explicaron además, que esta inhabilitación o degradación puede poner en peligro la seguridad jurídica de la nación, ya que de materializarse se estarían llevando a los tribunales demandas en responsabilidad patrimonial contra el Estado, con las que, por ejemplo, habría que otorgarle la libertad a miles de ciudadanos que se encuentran cumpliendo condena en los centros penitenciarios.
Hicieron un llamado a todos los fiscales titulares de las diferentes demarcaciones territoriales del país, para que se abstengan de continuar degradando a estos abogados en función de Fiscalizadores.
Dijeron que la Procuraduría había fijado hasta el 31 de julio para la inhabilitación de estos servidores públicos pero que aun así muchos de los fiscales titulares están “abusando del poder e irrespetando las normas”.
