La presunta organización criminal investigada por el Ministerio Público en la Operación Camaleón supuestamente robó y usó la identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulenta para obtener el contrato del manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según el MP, la organización fue creada con la participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con antecedentes delictivos. Esta amalgama de individuos permitió establecer una red criminal sólida que operaba de manera concertada. Además, la selección del oferente se realizó antes de que se publicara el proceso de licitación en el portal institucional, lo que evidencia una clara intención de manipulación y prevaricación.
La organización también se benefició de la colaboración de un oferente seleccionado que participó en la elaboración del pliego de condiciones, elaborado a medida para su beneficio. Esta acción refleja la falta de transparencia en el proceso licitatorio y la corrupción sistemática que permea la estructura de la organización.
El órgano acusador explica que el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, puso en manos de un individuo con antecedentes de uso ilícito de información la gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Explica, además, que los imputados lograron que el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, para la organización criminal tener acceso a informaciones sensitivas del
Estado, ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
“Utilizaron el contrato ilegal para traer al país tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa. Alteraron un arma de fuego, de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra”, manifiesta el escrito.
Otra de las estrategias de la supuesta red fue ocultar las informaciones e incidencias que indicaba que debía de detener la licitación, lo hicieron por absoluto compromiso con la “maniobra fraudulenta para favorecer a sus asociados criminales”.
“Los funcionarios públicos, al momento de los hechos, recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario y usurparon la identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización”, revela el documento de solicitud de medida de coerción.
