El Ministerio Público sostiene que exministros y demás cometieron decenas de acciones ilícitas para beneficiarse económicamente
Los altos funcionarios y demás imputados en el denominado caso calamar realizaron la operación de lavado de activos más grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
Así lo afirman los fiscales anticorrupción en la solicitud de medida de coerción que presentaron en contra de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y otros 17 procesados, en la que precisan que estos cometieron alrededor de 30 acciones ilícitas para beneficiarse económicamente y distraer de los fondos públicos más de 19 mil millones de pesos, un monto que supera con creces los involucrados en los demás casos de corrupción que se ventilan en los tribunales.
Precisa que los imputados utilizaron el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal para estafar y desfalcar al Estado dominicano y tenerlo “como un rehén de la corrupción”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que Guerrero, como máxima autoridad de las instituciones no financieras, descentralizadas, y aprovechándose de sus facultades discrecionales, se coaligó con funcionarios públicos de mando alto con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de pesos, mediante la realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el Ministerio de Hacienda.
Precisa que los procesados identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado erogara fondos con base en maniobras fraudulentas, los cuales retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios y particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
Las investigaciones del Ministerio Público dan cuenta de que Donald Guerrero, en su condición de ministro de Hacienda, llevó a cabo procesos ilegales de deuda pública con los que desvió dinero del erario para beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los años 2019 y 2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Para esto, de acuerdo con la investigación, la red habría falseado documentos públicos, como actos notariales, con el fin de excluir herederos de tierras, a los que afectaron sus derechos fundamentales.
Dice, que también, crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a fin de crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas.
Por igual, aseguran que emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes y que se obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para este procedimiento.
En su escrito, los fiscales, dicen que Guerrero y demás imputados realizaron pagos de expropiaciones de terrenos empleando manejos fraudulentos, es decir, sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes, con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia de pago de impuestos sucesorales, entre otros.
Que también emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada y que compelían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos con base en deudas imaginarias, como condición sine qua non para la gestión del pago.
Gonzalo recibió tres mil millones
Precisa que de las irregularidades que cometían con el pago de las expropiaciones de terrenos, el entonces ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo recibió personalmente tres mil ochocientos doce millones de pesos, pues era “el precandidato (a la Presidencia) al que apoyaba el entonces presidente Danilo Medina”.
“Lo cierto es que las evidencias revelan su absoluta disposición a que el dinero distraído fuera exclusivamente a la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo Terrero, quien conforme demuestran los elementos de prueba recabados, recibía de manera personal y en su oficina, los fondos distraídos, y de manera excepcional los recibían personas de su confianza”, exponen.
“Durante ese tiempo (de la campaña de Castillo) el investigado recibió sumas millonarias del Estado dominicano, que él sabía eran de procedencia ilícita, y que por demás era acción típica de financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el PLD”, dice el Ministerio Público.
Para este proceso, precisa la Pepca, José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, se reunió con el ingeniero Bolívar Ventura y le dijo que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que el Estado tenía con él, y que para fines de coordinar esto debía ir donde el ministro Guerrero.
Asegura que acordaron que Ventura entregaría más de quinientos millones de pesos. Para conseguirlos, dice la Pepca, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, se reunieron para poder distraer del patrimonio esta cantidad de dinero.
Y que lograron que el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, entonces director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), realizara volumetrías falsas de obras, incluso de obras cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. “Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado”, destacan en el documento.
Los investigadores sostienen que los exministros junto a otros dos imputados cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, que el constructor no había solicitado, y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente.
Las alegadas operaciones se realizaron en el año 2019, pero, sigue detallando los fiscales, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018, “esto para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una deuda del año 2019, bajo ese concepto, no se podía pagar en ese mismo año”.
Por otro lado, los fiscales anticorrupción precisan que en el entramado participó Fernando Crisóstomo Herrera quien se encargaba de captar e identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos, sobre todo con las expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Los terrenos implicados en expropiaciones
Dice que Crisóstomo Herrera distraía los fondos públicos, a través de contratos de cesiones de créditos simuladas, y que se entregan los beneficios a Donald, Peralta y Castillo”. Los terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos del país, como en el área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); y en una de las parcelas se corresponde al terreno en donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). En el documento, los fiscales aseguran que lograron identificar que,bajo este modus operandi, la alegada red de corrupción logró sustraer aproximadamente RD$11,962,123,823.02.
