El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) reveló que, por primera vez, esa institución logró presentar en audios y videos la verdadera situación que viven los privados de libertad en República Dominicana, ya que les tenían prohibido acceder con cámaras a las instalaciones de los centros penitenciarios, para impedir que se revelaran las condiciones infrahumanas que viven los internos en las cárceles del país.
Rodolfo Valentín indicó que, desde que asumió el cargo, solicitó a la procuradora Miriam Germán y al director de Prisiones, Roberto Hernández, que les permitieran hacer un levantamiento con mayor objetividad y veracidad, en el sentido de poder mostrar lo que hasta el momento nadie podía ver en el ámbito del sistema carcelario.
Dijo que, de esta manera, logró que se instruyera a los directores de todos los centros carcelarios, a que permitan que la Defensa Pública accediera con cámaras, para que el informe de este año pudiera diagnosticar la situación de hacinamiento y vulnerabilidad que viven los internos en todo el país.
Sin embargo, aclaró que los hallazgos del informe no son una denuncia contra el sistema, sino una revelación de lo que está pasando en el sistema penitenciario, con la intención de elaborar las propuestas y recomendaciones que faciliten mejoras sustanciosas.
“Lo que vamos a hacer es para mejorar el sistema, porque queremos privados de libertad o personas condenadas que cumplan el fin de la pena, esencialmente, la educación y la inserción social. Entonces, en esta condición es imposible”, expuso, durante un panel en Despierta con CDN, en el que también participó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
No se ha logrado ningún avance
Valentín sostuvo, además, que el informe pasado fue también una revelación de lo que estaba pasando en los centros carcelarios. Añadió que, en el informe del año pasado, plantearon 18 recomendaciones con fines prácticos, de las cuales ningunas fueron acogidas por las autoridades, con excepción del uso de las mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.
Explicó que, a diferencia del informe pasado, en esta ocasión lo hicieron de manera estructurada por región y recogieron toda la capacitación que la Defensa Pública ha dado a los privados de libertad sobre los derechos que les asisten, pero sobre todo, de los deberes que tienen en su condición de personas que están cumpliendo una pena por la comisión de algún delito.
“Si alguien no lo está haciendo, alguna institución del Estado debe aportar para que estos seres humanos mejoren su condición, y ese es el brazo social de la Defensa Pública. Pero, no solamente esto, también, este informe, de manera estructurada, aparta un capítulo para hablar de las condiciones que enfrentan las privadas de libertad en República Dominicana”, detalló.
Asimismo, puntualizó que el actual informe también tiene un capítulo que habla sobre las condiciones de los adolescentes privados de libertad, razón por la que considera que es mucho más completo y específico que el informe anterior.
“Ahora se suman más recomendaciones y la única recomendación que nosotros excluimos del informe anterior, porque fueron incluídas en el actual, fue el tema de la protección de la mascarilla, por la situación de la pandemia; pero, el hacinamiento y la inseguridad, en lo absoluto, o sea, no se ha avanzado”, añadió.
Dijo que, sin embargo, son recomendaciones de posible cumplimiento, pero entiende que hace falta determinación y responsabilidad para ponerlas en práctica.
Las cifras son alarmantes
“Fíjense que, a pesar de que ese informe establece la parte considerativa, de que claudicó el nuevo modelo, en la parte considerativa, incentivando a la producción de una nueva ley, que es la ley 113-21; a pesar de ello, en el en el modelo tradicional, que todavía se mantiene en 19 cárceles, tenemos aproximadamente, en ese modelo, unos 16.000 privados de libertad.
Añadió que el 40 % de los privados de libertad que se encuentran en las cárceles tradicionales del país duermen en el suelo, hamaca y cartón, debido al hacinamiento que impera en esas prisiones.
«Yo quisiera que las autoridades tomaran en cuenta esto, porque si nosotros decimos que somos un estado social, democrático y de derecho, y que en más de siete textos, la Constitución dice que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad del ser humano, y la dignidad no es más que aquello que nosotros merecemos solamente por ser seres humanos o personas; si nosotros queremos ver y percibir un lugar donde un solo derecho fundamental no se respeta, es en el ambiente penitenciario”, expuso.
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que para recuperar las condiciones del sistema carcelario en República Dominicana, lo único que se requiere es cumplir con lo que prescriben las leyes, la Constitución y los tratados internacionales.
“Rodolfo hablaba de que se aprobó una nueva ley, y nosotros, entonces, en todo lo que fueron estos levantamientos, nos encontramos con lo siguiente: los reglamentos no se han promulgado, es decir, cómo tú vas a implementar una ley que establece una serie de principios y tú no has ni siquiera promulgado los reglamentos”, cuestionó.
Condiciones infrahumanas
Y, agregó: “(…) ustedes ven las fotografías ahí, pero vayan a esos espacios, o sea, en donde casi 500 personas tienen problemas psiquiátricos, casi 400 con sida, pero con sida terminar. Y, entonces, aquí hay un problema de corresponsabilidad del Estado, no es la Dirección General de Prisiones la que debe de cargar con la responsabilidad, es el Estado también”.
Comentó que, frente a esta realidad, que “le da en la madre a cualquiera”, habló con el presidente Luis Abinader y con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque, entre otras cosas, había un debate entre la consultoría y el consejo superior del Ministerio Público de quién tenía como atribución el tema de los reglamentos.
Planteó que después de levantarse la información prevista en el informe de la Defesa Pública, hay que analizar otros temas que la gente no ve, porque se trata de una situación de política criminal que requiere de la intervención del Estado.
“Por ejemplo, nosotros como fundación somos miembros de varios consejos de instituciones que confluyen y conforman el sistema de justicia. ¿Qué sucede? Cuando tú ves los niveles de reincidencia de quienes están en el nuevo modelo, aún con sus precariedades, y los que están en el modelo tradicional, los niveles de reincidencia en el nuevo modelo no sobrepasan el 5%. En el viejo modelo es el 56%, los niveles de hacinamiento un 64%, o sea, eso es un acto de crueldad literalmente”, sostuvo.
La Constitución no ordena el maltrato
Precisó que cuando la Constitución, real y efectivamente ,diseña las instituciones para que, sobre la base del debido proceso, tenga que condenar a una persona que se separó de la sociedad, no manda que la lleven a espacios no aptos para humanos como los que exhiben el sistema penitenciario del país.
“Cómo es posible que tú puedas pensar que esa persona se va a reinsertar de nuevo a la sociedad, eso es imposible. También, yo creo que el juez de la ejecución de la pena también debe jugar su rol, es decir, aquí hay muchos actores que se tienen que sentar y ver de qué forma nosotros comenzamos a abordar esto, pero de manera más contundente”, comentó.
Advirtió que los resultados de la Defensa colocan a República Dominicana en una situación muy difícil a nivel internacional, ya que los organizaciones internacionales evalúan lo que ocurre en el país. “Este es un tema de humanidad, o sea, de la condición humana de derechos. Entonces, creo que este es un gran aporte que ha hecho la Defensa Pública para resolver el problema, porque ahí están las recomendaciones.
