Los abogados de los imputados en el caso Coral continúan refutando, durante la audiencia preliminar, la acusación del Ministerio Público en busca de que la jueza Yanibet Rivas no los envíe a juicio de fondo.
Ayer, le tocó el turno a la defensa del coronel Rafael Núñez de Aza, imputado de ser el cerebro financiero de una red que distrajo más de 4,000 millones de pesos de los fondos de cuerpos castrenses y otras entidades.
A la magistrada Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el abogado Félix Portes le indicó que Núñez de Aza tiene cómo sustentar el origen de los bienes y activos que posee y que no es cierto que se enriqueció ilícitamente como lo acusa el Ministerio Público, que dice que el imputado no puede justificar su patrimonio con el sueldo que recibe por ser un oficial de policía.
Ante esto, el jurista precisó que su defendido mucho antes de ser policía tenía otros negocios, como empresas y una finca.
Cumplía con pagos
“Decir que la situación económica del señor Rafael Núñez de Aza no se corresponde con la ocupación de ser policía, es una media verdad… es una acción pune del Ministerio Público”, precisó Portes en la audiencia, en la que también dijo que el acusado cumplía con los pagos de los imputados correspondientes.
Respecto a la investigación o informe especial de la Cámara de Cuentas, que una de las pruebas claves con la que cuenta el Ministerio Público, el abogado indicó que es el mismo es desordenado.
“Cuando vamos a ver qué es lo que dice esa investigación especial, es un tollo, que no se corresponde a la acusación del Ministerio Público”, dijo. En ese sentido, afirmó que toda duda debe favorecer al imputado.
En la audiencia pasada, el abogado del imputado Guillermo de Jesús Torres Robiou, que es hermano del general Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales implicados en este proceso judicial, le indicó a la magistrada que la acusación que presentó el Ministerio Público es una atrocidad. “Un abuso, una acusación grosera en contra de ese ciudadano”, afirmó el jurista José Valdez.
El órgano acusador ha dicho que Guillermo de Jesús recibió, bajo falsos conceptos, altas sumas de dinero del Cestur, que luego reembolsaba a su hermano y de esta forma poder desviar fondos del cuerpo castrense.
Sobre esto, el abogado afirmó que es falso, pues explicó que su cliente era empleado del Cestur y que el monto que le transferían era producto de sus servicios.
“Él trabajaba en el Cestur, rendía una labor… Depositamos pruebas desde el 2014 al 2022 de que nuestro representado no hacía tal cosa (recibir dinero que no le correspondía)”, expuso Valdez.
Exposiciones
Unas 15 defensas ya han presentado sus discursos, que para los fiscales anticorrupción no desvirtuar la acusación presentada por el Ministerio Público, por lo que creen que es seguro que la jueza Rivas dictará auto de apertura a juicio contra todos los procesados.
“Ellos (las defensas) no han atacado de ninguna forma la utilidad, la pertinencia y la legalidad de los elementos de prueba, es por eso que nosotros estamos más que seguros que obtendremos un auto de apertura a juicio con la admisión de todos los elementos de prueba”, afirmó a la prensa hace poco el fiscal Emmanuel Ramírez.
MP pidió a jueza enviar a juicio a los imputados
En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra de las 30 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos. El alegado entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). En este proceso judicial también hay 18 empresas imputadas.
