En el expediente elaborado por los fiscales se detalla una serie de irregularidades para distraer dinero público
Desde altos funcionarios y otros con menores funciones son imputados en el caso Calamar, en cuyo expediente los fiscales anticorrupción establecen cuál era la función de estos en la alegada red de corrupción que habría distraído más de 19 mil millones de pesos del erario.
Además de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y Gonzalo Castillo, extitular de Obras Públicas y pasado candidato a la Presidencia, de los que ya se ha hablado, otros servidores públicos supuestamente cometieron una serie de ilícitos.
En el caso hay 20 personas acusadas, que están detenidas a la espera de conocerles medida de coerción.
Uno de los mencionados es José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, quien presuntamente fue parte esencial para la distracción de fondos con las expropiaciones de tierras.
De acuerdo con el Ministerio Público habría recibido 50 millones de pesos en efectivo, de manos de Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), quien es testigo en este proceso y colaboró con el Ministerio Público en el caso Pulpo, en el que fue condenado a una pena inferior.
Pero recibir dinero ilícito no fue la única acción irregular de Peralta, dicen los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que aseguran que en el allanamiento realizado en la residencia del exfuncionario, se ocupó evidencia que de que tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada.
“Llegando a tener incluso en su poder una comunicación interna que le fue remitida por la Pepca sobre los productos financieros del imputado a la Superintendencia de Valores, entidad de donde le entregaría al imputado copia de la orden y del requerimiento confidencial realizado por el Ministerio Público, en ese momento la Superintendencia de Valores estaba dirigida por el ciudadano Gabriel Castro González”, expone en el documento acusatorio.
Contraloría
En la lista de imputados también se encuentra Daniel Caamaño Santana, excontralor general de la República que, según los investigadores, “fue el funcionario idóneo” para realizar los procesos de expropiaciones de tierras de manera irregular.
Dicen que con su colaboración, se lograron desembolsos con mayor fluidez y mínimos controles internos, por lo cual percibía un 2% de todos los pagos irregulares que fueron ejecutados por concepto de terrenos expropiados.
Supuestamente, entre diciembre del 2019 y julio del 2020 obtuvo para beneficio personal un aproximado de 366 millones 39 mil pesos.
“En su gestión ninguno de los expedientes de expropiación de tierras cumplían con las formalidades y requisitos ordinarios, exigibles a cualquier otro expediente de pago de deuda administrativa, declaratorias de utilidad pública o compra de terrenos que estuviera fuera del control del entramado criminal descrito”, se precisa en el expediente.
CEA y Catastro
Luis Miguel Piccirillo McCabe, pasado director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), fue “clave para el entramado de corrupción” con el tema de las expropiaciones, dice el Ministerio Público.
En el documento se establece que el imputado se benefició de manera directa con aproximadamente 35 millones 420 mil pesos.
De acuerdo con lo establecido, cuando se estaba en proceso con unas tierras ubicadas en el municipio Pedro Brand, el exfuncionario no dispuso ninguna comisión técnica para determinar qué porcentaje de terrenos le correspondía a los sucesores, sino que adquirió, en coalición con los demás imputados, la compra de los terrenos y puso como justificación de dicha compra fraudulenta un acuerdo transaccional, “cuando en realidad su intención era desfalcar al Estado dominicano, como en efecto lo hicieron”.
Mientras que Claudio Peña, exdirector general de Catastro Nacional, afirma el Ministerio Público, realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados, y permitía con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado.
“Al verificar dichos avalúos nos encontramos con que muchos no cuentan con los estudios técnicos y los documentos que los sustenten, sin embargo, fueron utilizados para emitir los pagos por las expropiaciones realizadas por el Estado, que presentamos en este proceso”, expone. Supuestamente recibió del entramado 60 millones 280 mil pesos.
El Ministerio Público también dice que Peña incurrió en lavado de activos, al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita, producto del desfalco y estafa al Estado dominicano.
“Con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas”, sostiene el órgano acusador.
Otras presuntas anomalías en Hacienda
En el Ministerio de Hacienda, Princesa García ejerció como directora de Reconocimiento de Deuda Administrativa. Allí, dicen los fiscales, la imputada aprobó numerosos expedientes de expropiaciones que no contaban con los méritos necesarios para ser pagados, aun cuando analistas técnicos de su dirección le advirtieron de las irregularidades. Y, según precisan los fiscales, los imputados Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, quienes se desempeñaron como directores de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda, colaboraron en el entramado, para brindar las herramientas para el cobro ilegal de las bancas deportivas, loterías e instalación de máquinas tragamonedas.
Evidencias
El Ministerio Público dice contar con suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de los imputados
