Con el envío a prisión de los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, por su vinculación al expediente Calamar, son cinco los imputados en casos de corrupción que se encuentran recluidos en la cárcel Najayo.
Debido a que la mayoría de los que estaban en prisión preventiva se les venció el tiempo de cumplir esta medida de coerción, quedan pocos presos, mientras los demás encartados están en arresto domiciliario o con otra medida menos gravosa.
En los casos Pulpo, Coral, Medusa, Calamar y Lotería (en el que ya hubo un fallo), hay más de cien personas y solo los exministros y tres más están tras las rejas.
Guerrero, extitular de Hacienda, y Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, fueron enviados a prisión el pasado martes por disposición de la jueza Kenya Romero, luego de ser procesados por supuestamente pertenecer a una red que distrajo más de 19 mil millones de pesos del erario.
“Nuevos inquilinos”
Los “nuevos inquilinos” de la cárcel Najayo serán “recibidos” por los generales Juan Carlos Torres Robiou y Julio de los Santos Viola, que están imputados en el caso Coral, en los que lo acusan de, junto a otras personas, estafar al Estado sustrayendo más de cuatro mil millones de pesos de los fondos de entidades castrenses.
Pero, en unos cuantos meses se le vence el tiempo a los dos generales, a quienes se le impuso la medida de coerción el en diciembre del 2021 y desde entonces se la han ratificado en varias ocasiones. En junio podría solicitar el cese de la prisión preventiva, tal como lo hicieron los demás imputados del caso Coral, que salieron de Najayo hace unos meses.
En el caso Pulpo, solo Carlos Montes, cumple prisión, mientras los otros 27 imputados están bajo arresto domiciliario, presentación periódica, y otros más en libertad pura y simple.
Un juez le impuso prisión preventiva tras ser declarado en rebeldía por no acudir a la audiencia preliminar de este proceso a pesar de ser debidamente citado.
Mientras que en los casos Medusa y Lotería, nadie se encuentra cumpliendo prisión preventiva.
Esto así después de que, en febrero pasado, el juez Amauri Martínez varió la medida de coerción a los dos últimos imputados que estaban prisioneros en la cárcel Najayo.
Un mes antes, la jueza Claribel Nivar había dispuesto el cese de la prisión preventiva de dos imputados por el fraude en la Lotería, que tenían más de un año y medio recluidos en la cárcel.
Ministerio Público se queja de fallos
El Ministerio Público se ha quejado de que la normativa vigente no está acorde a estos tipos de casos de corrupción, que son complejos debido a la cantidad de imputados como la gravedad de los hechos. La fiscal Mirna Ortiz ha manifestado que el problema es que el Código Procesal Penal establece 18 meses como tope para la prisión preventiva porque no está preparado para procesos por criminalidad organizada, sino para “casos de bagatela”.
