De los cinco casos de corrupción que se han sometido a la justicia en los últimos dos años, a la jueza Kenya Romero le ha tocado tomar la decisión de dictar medidas de coerción para los imputados de cuatro de los procesos.
Romero es la magistrada que conoce en primera instancia de las investigaciones del Ministerio Público y en la que ha caído la responsabilidad de decidir el destino de los implicados, que en su mayoría son exfuncionarios.
¿Irán a la cárcel o a sus casas? Es lo que decide la magistrada luego de analizar los elementos presentados por el órgano acusador y los alegatos de los abogados defensores.
A propósito de la decisión de la jueza de enviar a prisión preventiva a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y dictar otras medidas de coerción para los 18 imputados restantes del caso Calamar, elCaribe hace un pequeño recuento de los fallos de la magistrada, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, en estos procesos por corrupción.
Primer caso
El primer caso que conoció fue el Coral, en el que en un principio fueron imputadas seis personas. Tras tres días de audiencias, la jueza decidió imponer prisión a cinco de los procesados, luego de considerar “sin prejuzgar el fondo”, que las evidencias señalaban a los implicados como “autores o cómplices de los ilícitos investigados”.
Al ser así, en mayo del 2021, envió a la cárcel Najayo al mayor general Adán Cánceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero Cruz. Y dispuso que el mayor Raúl Alejandro Girón, quien colaboró con el Ministerio Público y admitió los cargos, cumpla arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría.
Un mes después, a la oficina de la magistrada llegó el expediente por el fraude en la Lotería Nacional, en el que dictó prisión a exadministrador de la entidad, Luis Maisichell Dicent, y otros dos imputados.
Romero, fungiendo como jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó esta decisión el 18 de junio del 2021 tras conocer durante dos largas audiencias, la acusación del Ministerio Público, los alegatos de los abogados defensores y las declaraciones de los 10 imputados, que fueron acusados de estafa, lavado de activos y asociación de malhechores. (Ya en fondo a principal implicado fue absuelto).
Los demás procesos judiciales
No pasó mucho tiempo cuando fue apoderada de otro caso por corrupción. Esta vez el Medusa, en el que decidió que el expocurador Jean Alain Rodríguez debía cumplir la medida de coerción mas gravosa, que es la presión preventiva.
En esa audiencia, también dictó la misma medida para otros imputados, y arresto domiciliario para otros tantos.
Para diciembre del 2021, la jueza Romero conoció la audiencia de medida de coerción del caso Coral 5G, que es una derivación de Coral, en los que también envió a presión a los principales acusados. Entre ellos al general Carlos Torres Rubiou, exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur). Y hace poco en el caso Calamar, la magistrada dictó prisión prevenida a dos de los 18 acusados de distraer más de 19 mil millones de pesos del erario.
Lo que dice el Código sobre las medidas coercitivas
En el artículo 226, el Código Procesal Penal establece cuáles son las medidas de coerción que puede imponer un juez a una persona que es sometida a la Justicia. Estas son: presentación de una garantía económica suficiente; prohibición de salir del país sin autorización, obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona; presentación periódica; localizadores electrónicos; arresto domiciliario; y la prisión preventiva.
