El juez Pablo Imbert aplazó para el jueves de la próxima semana la audiencia de medida de coerción contra los supuestos integrantes de una red de trata de mujeres que las explotaba sexualmente, la cual fue desmantelada durante la Operación Cattleya.
A solicitud de las defensas de los imputados, el magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvió la vista a los fines de que estos puedan tomar conocimiento del expediente.
El aplazamiento se debió a la solidez de la investigación, la cantidad de páginas del expediente acusatorio y las pruebas contra los imputados, aseguró la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), Yohanna Bejarán.
“Las defensas pidieron más tiempo para estudiar el expediente que ha presentado el Ministerio Público tomando en cuenta el volumen que sobrepasa las 192 páginas así como la cantidad de pruebas que pudo recolectar el Ministerio Público en la primera fase de investigación”, precisó.
Bejarán indicó que están listos para conocer la audiencia y que pedirán que se imponga prisión preventiva contra José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu (a) Daniel y a José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, supuestos líderes de esta red, y los otros 12 imputados.
“Es una investigación sobre criminalidad organizada transnacional de manera muy específica, un grupo organizado que se dedicaba a tratar mujeres de diferentes nacionalidades, venezolanas, colombianas, y bueno, pues evidentemente es un proceso solido que el Ministerio Público está listo para conocerlo en cualquier etapa”, manifestó al ser abordada por la prensa.
De acuerdo a las investigaciones, la red de trata que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica tenía aproximadamente un año operando en el país, tiempo en el cual obtuvieron grandes beneficios económicos, al raptarlas, prostituirlas y tomarse todo el dinero producto de las actividades sexuales.
Los imputados, junto a otros arrestados, tenían bajo su control a unas 80 víctimas, ha establecido el Ministerio Público, a quienes, según indican, se les mantenían raptadas y les obligaban a prostituirse y no obstante a eso, se le quitaba todo el dinero obtenido por la actividad sexual a las que estaban siendo sometidas.
Precisan que los tratantes captaban a jóvenes de entre 18 y 23 años en Colombia y Venezuela con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, hacían todos los trámites para traerlas al país y las hospedaban en hoteles pocos conocidos en los cuales las mantenían encerradas, y solo las sacaban para llevarlas a los lugares solicitados por los clientes.
En el caso tambien son imputados Oscar Wicene, Melvin Valentía Peguero, Cristina González Hernández, María Murillo Vargas, Louis Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinsk, Robert Lee Paniagua Díaz, Angélica Quintero, Marie Fokina Achille. Como también Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Ramón Altagracia Oviedo Castillo y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz.
