Jenniffer González, la nueva gobernadora de Puerto Rico, abordó las preocupaciones sobre las deportaciones de inmigrantes dominicanos en la isla.
La incertidumbre surgió tras los anuncios de la administración de Donald Trump sobre deportaciones masivas en Estados Unidos, pero la gobernadora aclaró que la situación en Puerto Rico no es comparable a la de otras áreas como México o Texas, donde las políticas migratorias han sido más estrictas.
En una entrevista con Telemundo, González explicó que aunque han ocurrido deportaciones de inmigrantes que llegaron ilegalmente por mar, principalmente en embarcaciones conocidas como “yolas”, la política de deportación en Puerto Rico no afecta de manera general a los dominicanos.
“No estamos hablando de México ni de Texas”, afirmó la gobernadora, tranquilizando a la comunidad dominicana que reside en la isla.
Deportaciones en Puerto Rico
A pesar de que el flujo migratorio irregular desde la República Dominicana hacia Puerto Rico ha sido una preocupación, especialmente por los intentos de migrantes de llegar en embarcaciones, la gobernadora de Puerto Rico señaló que las deportaciones están enfocadas principalmente en este tipo de llegadas ilegales.
En lo que va del año, alrededor de 97 personas han sido repatriadas, siendo la mayoría migrantes dominicanos interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos en el mar.
Este patrón de deportaciones no es algo nuevo. En 2024, más de 1,600 dominicanos quedaron en calidad de detenidos e interrumpidos en su llegada a Puerto Rico.
De esos, 1,055 se deportaron después que se detuvieron en tierra, mientras que otros 528 los rescato la Guardia Costera debido a incidentes en las embarcaciones. Estas cifras reflejan un esfuerzo constante por controlar la migración ilegal en la isla, pero sin afectar a los residentes establecidos legalmente.
Posible colaboración con autoridades federales
En cuanto a la colaboración con el gobierno federal de Estados Unidos, González destacó que la administración de Trump está centrada principalmente en las cuestiones de inmigración en la frontera sur del país, por lo que no se prevén medidas de deportación masiva en Puerto Rico.
“Lo que se plantea públicamente muchas veces no se traduce en políticas concretas”, comentó la gobernadora, quien se mostró cautelosa al respecto. Además, agregó que Trump es consciente de la importante mano de obra que los inmigrantes aportan al país, especialmente en sectores como la agricultura, lo que podría influir en las decisiones migratorias.
La comunidad dominicana en Puerto Rico
Puerto Rico alberga una de las mayores comunidades dominicanas fuera de la República Dominicana, con más de 60,000 dominicanos establecidos en la isla, según cifras del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Este grupo constituye aproximadamente el 60% de la población migrante en la isla, y representa una parte importante de la fuerza laboral en sectores clave de la economía puertorriqueña.
El cónsul dominicano en Puerto Rico, César Cedeño, ha indicado que muchos de estos dominicanos también participan activamente en procesos políticos, con más de 43,000 dominicanos registrados para votar en las elecciones dominicanas.
La preocupación por las deportaciones masivas ha aumentado entre esta población, pero las declaraciones de la gobernadora González han contribuido a mitigar el temor de que puedan ser blanco de políticas migratorias más restrictivas.
La Ley de Enemigos Extranjeros y su impacto potencial
Mientras tanto, el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos se ha intensificado debido al regreso a la agenda política de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que permite al presidente de EE.UU. tomar medidas drásticas contra inmigrantes de países considerados “enemigos”.
Aunque Trump expreso su intención de utilizar esta ley para enfrentar el crimen organizado y las pandillas extranjeras, su aplicabilidad en tiempos de paz tornandose como un tema controvertido.
En este contexto, las declaraciones de la gobernadora de Puerto Rico se muestran como un intento de calmar las tensiones y garantizar a la comunidad dominicana que, por el momento, no hay indicios de que se implementen deportaciones masivas desde la isla hacia la República Dominicana.
