Ginebra. La entrada en vigor de la reforma constitucional en Nicaragua, que eliminó la división de poderes y aumentó la concentración de poder del presidente, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, “es una sentencia de muerte para el Estado de Derecho”.
Así lo subrayó a EFE uno de los miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos creado por la ONU para ese país.
“Con una constitución hecha a su medida, el presidente y la ahora copresidenta, que lucharon en el pasado contra una dictadura familiar (los Somoza), han creado otra, pero aún más grotesca”, afirmó el húngaro Reed Brody, uno de los tres miembros del grupo de expertos, que este miércoles presentó en rueda de prensa un nuevo informe sobre el retroceso de las libertades en Nicaragua. Con las modificaciones legales, la pareja presidencial tiene potestad constitucional para suspender todos los derechos.
