Estudio del BID aconseja mejorar la calidad de servicios, incrementar la inversión pública y cerrar brechas sociales
Entre 2005 y 2022, el PIB dominicano creció a un promedio del 5.4%, muy por encima del 2.3% registrado en la región. Durante el mismo período, la pobreza monetaria se redujo de un alarmante 48.2% a un 21.5%, mientras que la clase media creció del 21.0% al 36.2%. Sin embargo, este progreso no está exento de desafíos, ya que el 41.8% de la población sigue siendo vulnerable a caer en la pobreza.
A pesar de la estabilidad macroeconómica, la productividad en el país ha mostrado un incremento promedio anual de solo 0.7% entre 2010 y 2022. Además, la calidad de los servicios básicos, especialmente en educación y salud, presenta rezagos significativos. Las limitaciones en los ingresos del Estado, que alcanzan solo el 13.9% del PIB, restringen la capacidad de inversión pública, afectando la oferta de servicios esenciales.
El Banco Interamericano de Desarrollo –BID- en un estudio intitulado Panorama de Oportunidades República Dominicana, tres pilares para el crecimiento inclusivo, indica que este país se posiciona como un referente económico en América Latina y el Caribe, reflejando un notable crecimiento en su PIB per cápita, que pasó del 27.6% del promedio de la OCDE en 2000 al 44.8% en 2022. Este avance es resultado de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales que han impulsado sectores clave como el turismo, la construcción y la manufactura.
El BID destaca la necesidad de implementar una estrategia que garantice un crecimiento sostenible e inclusivo. En este sentido, se identifican tres pilares clave para el desarrollo: acciones para el bienestar de la población, un compromiso entre el sector público y privado, y la modernización de sectores estratégicos.
El estudio del BID tomado como base para elaborar esta información fue posible gracias a la colaboración de Tomás Bermúdez, gerente general del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana (CID); Katharina Falkner-Olmedo, representante en la República Dominicana; y Marta Ruiz-Arranz, asesora económica regional de CID.
Además, contó con la participación de un equipo de especialistas del Grupo BID, incluyendo a Ana Mylena Aguilar, Adriana Valencia, Alexandre Veyrat-Pontet, Antonio García, Ariel Zaltsman, Benoit Lefevre, Diego Herrera, Geovana Acosta, Gilles Damais, Héctor Baldivieso, Juan Cruz, Juan Flores, Levi Zegarra, Lía Núñez, Luis Schloeter, Manuel Rodríguez, Marcelo Paz, María Cecilia Acevedo, María Teresa Villanueva, María Victoria Fazio, Marie Tamagnan, Miguel Baruzze, Olga García, Omar Zacarías, Patricia Reinoso, Sergio Pérez, Smeldy Ramírez, Vielka Pimentel, y Yocauris García.
El BID propone medidas específicas para potenciar el bienestar de los dominicanos. La educación es un aspecto crítico; se requiere aumentar el acceso a una educación de calidad y formar a la población en habilidades relevantes para el empleo. También se subraya la importancia de la salud y la protección social para mejorar la calidad de vida y promover la igualdad de género.
Asimismo, el informe resalta la necesidad de fortalecer la infraestructura resiliente al cambio climático y fomentar la innovación en el sector empresarial. La modernización del sector agrícola y el desarrollo del turismo sostenible se presentan como oportunidades clave para un crecimiento inclusivo.
El futuro de la República Dominicana, según el BID, puede ser próspero si se adoptan políticas públicas sólidas y se toman decisiones informadas que favorezcan el desarrollo sostenible. Con una población que presenta un gran potencial, la nación caribeña tiene las bases para convertirse en un modelo de desarrollo en la región, pero es fundamental cerrar las brechas sociales y asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los sectores de la sociedad.
La colaboración entre el Estado y el sector privado se plantea como una necesidad imperante en el contexto actual de República Dominicana, donde se busca un desarrollo sostenible y resiliente frente a los desafíos del cambio climático y las limitaciones en la infraestructura y servicios básicos. Este enfoque de compromiso público-privado se fundamenta en la premisa de que ambos sectores pueden trabajar juntos para mejorar el bienestar general, promoviendo un clima propicio para la actividad empresarial y el acceso a servicios esenciales.
Detalles de relevancia
El primer eje de este compromiso es la infraestructura resiliente al cambio climático. Indica que es esencial priorizar inversiones en la red de transporte que contemplen parámetros de resiliencia, asegurando que carreteras, puentes, puertos y aeropuertos estén preparados para enfrentar fenómenos climáticos extremos. Para ello, se propone adoptar un enfoque multimodal que optimice los procesos de planificación y diseño de infraestructura. La modernización del transporte público, mediante la incorporación de flotas eléctricas y la promoción de modos de transporte masivos, también se contempla como un paso clave hacia la descarbonización del sector.
Además, se busca fortalecer el Fondo de Cohesión Territorial, garantizando que las entidades territoriales tengan los recursos necesarios para implementar planes de desarrollo urbano que consideren criterios climáticos. Esta acción es crucial, dado que aproximadamente el 30% de la población dominicana es muy vulnerable a fenómenos climáticos extremos, y más del 40% de los hogares más pobres gasta un 12% de su ingreso en agua embotellada.
En el ámbito energético, se plantea la necesidad de realizar inversiones masivas en generación que optimicen costos y aumenten la participación de energías renovables en la matriz eléctrica, que actualmente se encuentra en un 15% en comparación con el 60% de la media de América Latina y el Caribe (ALC). La flexibilidad del sistema de transmisión eléctrica se debe expandir, incorporando tecnología de almacenamiento de energía para facilitar la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.
El recorrido por ingresos tributarios y la pobreza
En otro apartado plantea que los ingresos tributarios en el país representan el 13.9% del PIB, muy por debajo del promedio regional de 21.5%, lo que limita la capacidad del país para proveer servicios públicos de calidad. Además, la inversión pública es baja, lo que impacta negativamente en el desarrollo social y económico. Se destaca que 4 de cada 10 dominicanos pertenecen a la población vulnerable, lo que los coloca en riesgo de caer en la pobreza ante un choque económico o un fenómeno natural. En inversión extranjera, el promedio entre 2018 y 2023 muestra que República Dominicana atrajo 2.9 miles de millones de dólares.
