Economistas dan su punto de vista; sectores productivos estudian documento, pero entienden serán afectados
Con recelo, reservas y algunos rechazos ha sido acogida la propuesta de reforma fiscal o ley de Modernización fiscal presentada el pasado lunes por el Gobierno, con la cual se pretende aumentar impuestos, eliminar exenciones y perseguir evasores de diferentes sectores y áreas del país, para así lograr la recaudación de RD$122,486.6 millones.
Aunque el proyecto de reforma fiscal fue depositado ayer ante el Congreso Nacional por el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente vía la Cámara de Diputados, el Gobierno tiene expectativas de que la aplicación de las nuevas medidas tributarias se efectúe a partir del 1 de enero de 2025. Pero, mientras tanto, algunos sectores, entre los cuales se encuentran economistas, cineastas y otros, no están de acuerdo del todo con muchas de las nuevas políticas que contempla dicha reforma.
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas advirtió que la reforma fiscal anunciada por el Gobierno tendría resultados “brutales” para los trabajadores, la clase media, los consumidores y el pueblo en sentido general. A la vez, afirmó que esto viene a atentar contra la privacidad de los ciudadanos dominicanos.
Manifestó que sacarle del “bolsillo” de los ciudadanos el monto de RD$122,486 millones con los tipos de impuestos que presenta la reforma fiscal, hará que la inflación retome nueva vez el camino hacia el alza, incluyendo el incremento de precios de productos y servicios que no forman parte de la canasta básica.
Ng Cortiñas afirmó que resulta una barbaridad, por no decir un crimen, que el gobierno se proponga fiscalizar y auditar el consumo de la gente, bajo el pretexto de reducir el delito tributario.
Sostuvo que la reforma fiscal presentada es de carácter regresivo, lo evidencia el hecho de que más del 61.0 %, de los RD$ 122,486 millones que se quiere recaudar con la referida reforma, corresponde a ITBIS, por lo que, son impuestos indirectos.
Aumentaría progresividad
Por otro lado, el economista Jaime Arisry Escuder, afirmó que estas medidas anunciadas son un “recorte importante” y que la eliminación de las exenciones aumentará la progresividad.
“¿Qué significa la progresividad? Que paga más el que más tiene y eso mejora el nivel de equidad en la distribución de la carga impositiva. Equidad vertical pero también equidad horizontal porque ahora, con la eliminación de las exenciones tú vas a tener que dos negocios que están en el mismo lugar, que tienen el mismo volumen, que tienen el mismo nivel de beneficio, pues que paguen lo mismo”, expresó.
Más allá de esto, sostuvo que el volumen de recaudaciones 122 mil millones de pesos, alrededor de 1.5 del PIB que estima el Gobierno recaudar puede ser mayor por las medidas que tomará al reducir la evasión impositiva y al reducir gastos público.
“Ahora, el gran reto y yo creo que ese es el punto partida que hay que poner sobre la mesa es que el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto, tiene que analizar con un análisis de costo-beneficio porque con la misma metodología que utilizó para desmontar las exenciones, también tienen que hacer ese mismo verificar si hay gastos que se justifican o no y de esa manera recortar más allá de lo que serían estos recortes cuando tú fusionas instituciones. Y utilizarlos para inversión pública que es clave”, manifestó en el programa Despierta con CDN.
“Otro elemento importantísimo que también va a elevar la progresividad de la política fiscal del IPI si se maneja bien. El punto clave es mejorar el grado de valoración de los inmuebles porque aquí hay una cantidad enorme de inmuebles muy costosos que están infravalorados. Si tú haces el ajuste al nivel que debería estar obviamente que tú pudieras recaudar mucho más con una menor tasa”, agregó Jaime Aristy Escuder.
No obstante a esto, indicó que el aumento de los impuestos al alcohol es un error porque los fuertes, como el caso del ron, ya están en un nivel impositivo alto que el representa el 60 % del precio final.
AIRD, Conep, Adozona y Codessd
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó que está analizando de modo exhaustivo cada una de las medidas anunciadas y que la prudencia manda a que se espere la redacción que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional. Indicó que una primera lectura hace apreciar cierto “sesgo anti-industria”, pero que sin embargo, quiere tener en sus manos los elementos que se presentarán al Congreso y, a la vez, abriendo el espacio para recibir retroalimentación de los socios.
De su lado, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) reconoció la necesidad del Estado de una reforma fiscal para mayores recaudaciones, pero entiende que lo que respecta a la propuesta de gravar con impuesto sobre la renta a las operaciones de los Parques de Zonas Francas, considera que debe de ser revisado.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, expresó su visión sobre la propuesta de modernización fiscal, destacando la necesidad de abordar con precisión las medidas planteadas sin comprometer los pilares de estabilidad que caracterizan al país.
En referencia a la reforma fiscal, el Conep manifestó que, aunque una reforma de este tipo no debería generar preocupación ni perjudicar el clima actual, es fundamental que se consideren en su justa dimensión los efectos que cada una de las medidas podrían tener en la economía. Dargam insistió en que “deben considerarse en su justa dimensión cada una de las medidas que se están introduciendo”. Destacó la importancia de alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación y transparencia en el gasto público.
Por otro lado, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, informó que evaluará el proyecto a fin de procurar que con este no sean afectados sectores que inciden en la economía y que impacten en la vida de la ciudadanía, su empleabilidad y bienestar.
Adocine dice atentan con industria sin incentivos
La Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine) rechazó también las intenciones del Gobierno de eliminar los incentivos establecidos en la Ley de Cine (108-10) al considerar que esta medida atenta contra un sector en crecimiento, que es la industria cinematográfica del país.
El gremio dijo que nunca fue convocado para consultas a pesar de estar en la disposición. Señaló que la derogación de estos incentivos conllevaría la pérdida de más de 25,000 empleos y la quiebra de más de 375 empresas del sector. Además, continuó Adocine, generaría desconcierto entre los más de 1,200 estudiantes que estudian cine.
Aplicación
El Gobierno tiene las expectativas de que la reforma pueda iniciar su aplicación el 1 de enero de 2025, si se aprueba a tiempo
