La mayoría de las entidades de intermediación financiera (EIF) en la República Dominicana reconoce la importancia de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y está tomando medidas para integrarlos en su gestión.
Un 44 % de estas entidades ya ha designado responsables o creado estructuras organizacionales específicas para abordar estos riesgos, mientras que un 32 % cuenta con políticas que incorporan criterios ASG en sus estrategias y modelos de negocio. Además, el 38 % ha establecido objetivos ambientales o climáticos, enfocados en la descarbonización de carteras y el financiamiento sostenible. Estos hallazgos provienen del Informe-Encuesta de Taxonomía Verde y Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, elaborado por la Superintendencia de Bancos (SB) y basado en una encuesta aplicada en febrero de 2024 a 43 entidades, lo que representa el 95.56 % del sistema financiero supervisado. El estudio evaluó el grado de preparación de las EIF para adoptar la Taxonomía Verde Nacional y mejorar la gestión de los riesgos ambientales y sociales, alineándose con el Acuerdo de París y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC).
La encuesta se estructuró en cuatro ejes temáticos: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y metas y objetivos. Dentro de los resultados, se destaca que el 26 % de las entidades ya ha implementado algún nivel del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), herramienta clave para identificar y mitigar impactos como pasivos ambientales, riesgos reputacionales y exposición a activos varados. Además, un 63 % de las entidades encuestadas reconoce que los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, afectarán sus sectores de negocio en el futuro.
El informe también resalta que las EIF han comenzado a ofrecer productos y servicios financieros sostenibles, como créditos temáticos y programas de eficiencia energética en sectores como transporte y construcción. Sin embargo, señala que aún hay oportunidades para establecer más métricas e indicadores que permitan medir el impacto de estas iniciativas.
La gestión de riesgos ambientales y sociales en el sector financiero es una respuesta a los efectos adversos que ciertas actividades económicas pueden generar en el entorno. Eventos como derrames de petróleo, contaminación del agua y desastres naturales han demostrado la necesidad de evaluar estos riesgos para evitar pérdidas financieras.
Esta preocupación ha impulsado la adopción de regulaciones y compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, del cual la República Dominicana es signataria desde 2016. En 2020, el país estableció su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), con metas para reducir emisiones y guiar la transición hacia una economía más sostenible.
La Taxonomía Verde Nacional se desarrolla como un marco de referencia para clasificar actividades económicas sostenibles y fomentar inversiones responsables.
Ha impulsado diversas iniciativas sobre gestión
La Superintendencia de Bancos ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer la gestión de estos riesgos en las entidades supervisadas. La encuesta de 2024, realizada por su Dirección de Monitoreo de Riesgos, permitió identificar los avances y desafíos en la implementación de criterios ASG en el sistema financiero. Se tomaron como referencia los pilares del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés), enfocados en gobernanza, estrategia, gestión del riesgo y métricas y objetivos.
