La democracia fundamentada en partidos políticos que han abrazado el clientelismo y no las ideas que aceleran el progreso económico y social de las naciones transita a paso firme hacia arena movediza. Al igual que el famoso almuerzo de Friedman, no hay clientelismo gratis. Cuesta mucho, demanda cada vez más recursos a la fiscalidad y lleva a la clase política a solicitar aportes crecientes a quienes, con los impuestos que pagan, hacen posible el funcionamiento del Gobierno. Los contribuyentes, hastiados del creciente apetito de los gobiernos, en un número creciente de geografías del mundo han comenzado a levantar la bandera del ¡Basta ya! Han dejado ver con sus estallidos en las redes sociales, protestas en las plazas públicas y golpes de cacerolas desde sus viviendas, su decisión de rebelarse contra el clientelismo y los políticos tradicionales que han utilizado esa aberrante estrategia para alcanzar el poder.
República Dominicana es uno de los países de la región donde más estragos está causando el clientelismo. En el 2008, teníamos 324,896 empleados públicos, equivalente al 8.0% de la población económicamente activa de ese año. A septiembre de este año, los empleados públicos ascendieron a 738,745, el 14% de la población económicamente activa del país en ese año. Esa dinámica solo puede ser explicada por la metástasis que ha hecho el clientelismo en los partidos políticos que sustentan nuestra democracia. Actualmente, el 15% de la población ocupada en el país está empleada en el Estado, sin incluir a quienes simultáneamente forman parte de la población ocupada en el sector privado y son remunerados por el Estado a través de una “pensión especial”. En Honduras, un país con 10.6 millones de habitantes, el Estado emplea a 240,651 personas o el 6.6% de toda la población ocupada. En Guatemala, con 17.8 millones de habitantes, el Estado emplea a 739,928 personas o el 11% de la población ocupada. El desbordamiento del clientelismo es lo único que puede explicar nuestro exceso. La rebelión era previsible.
En el caso de Argentina, apareció un candidato en las pasadas elecciones que, en lugar de prometer sueños irrealizables y metas absurdas, optó por decir la verdad y revelar a los argentinos que, si recibía el apoyo de la mayoría, recortaría el gasto público de manera dramática, pues ese era el primer pilar para detener el financiamiento inflacionario del déficit fiscal que otorgaba el Banco Central en un país sin acceso al financiamiento externo. Lo que prometía no se distanciaba mucho de la “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” que Churchill prometió a los ingleses el 13 de mayo de 1940. Si Milei se hubiese desdoblado y anunciado a los argentinos un fuerte aumento de los impuestos para cerrar un déficit del sector público consolidado de 10% del PIB (incluyendo el déficit cuasi-fiscal del Banco Central) que heredó, hace rato le habrían afeitado la melena. Contrajo el gasto real en jubilaciones y pensiones, inversiones públicas, subsidios económicos, gastos de funcionamiento y transferencias corrientes a los gobiernos provinciales. ¿Resultado? En enero-octubre de 2024, el déficit del Gobierno federal se transformó en un superávit de 0.5% del PIB. Este superávit y la eliminación de la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro han contribuido a reducir la inflación mensual desde 25.5% en diciembre de 2023 a 2.7% en octubre pasado. Le queda un camino minado por recorrer pues lo logrado hasta ahora ha sido posible, en parte, gracias al “carry trade” estimulado por la cohabitación de una tasa de interés de referencia de 35% del Banco Central y una devaluación mensual anunciada (“crawling peg”) de 2% que se desprende del sistema de control de cambios vigente (cepo cambiario), lo que estimula la venta de dólares para obtener pesos y beneficiarse de un diferencial de tasas de interés que se utiliza luego para comprar dólares. El Gobierno de Milei necesitará un mayor superávit de las cuentas fiscales consolidadas o un acceso al financiamiento externo para mantener la inflación bajo control, una vez se decida eliminar el cepo cambiario que, además de fijar la devaluación mensual, establece topes a las compras de dólares. Argentina es rica en episodios de caídas dramáticas de la inflación basadas en regímenes de acuerdos de caballeros de fijación de precios y salarios, controles cambiarios, anclajes de la tasa de cambio y tablitas de minidevaluaciones mensuales que luego colapsaron.
Milei prometió en campaña que cerraría varios ministerios. De los 20 ministerios que tenía el Gobierno Federal de Argentina, cerró 12. A pesar de los contratiempos que esto ha generado en algunos casos, la ambiciosa reingeniería de la funcionalidad del gobierno argentino ha servido para enviar una clara señal a la población de que no habrá tolerancia con el clientelismo político que anteriormente se financiaba con alza de impuestos o con emisiones de dinero (impuesto inflacionario). Aunque a Milei le queda un largo trecho por recorrer para lograr el rescate de la colapsada economía que heredó, su obsesión reformadora y el regreso de Trump a la presidencia de EE. UU. alientan las esperanzas de que pueda salir airoso si el Tesoro norteamericano y el FMI se convencen de que “this time is different” en Argentina y que el apoyo, dado el esfuerzo realizado a la fecha, estaría más que justificado.
Cuando el presidente Abinader anunció en meses pasados un programa de reingeniería del gasto público que incluía la fusión de ministerios y el cierre de algunos programas y dependencias del Gobierno, muchos apoyamos el anuncio. A principios de 2017, en un breve estudio para el BID, la Fundación Economía y Desarrollo había recomendado la ejecución de una reingeniería del gasto público que incluía cierres y fusiones de ministerios y programas. No vamos a sugerir que colapsemos los 24 ministerios que tiene actualmente el Gobierno Central a los 8 que tiene la Argentina de Milei. Resulta muy cuesta arriba, sin embargo, justificar la existencia de tantos ministerios cuando en países como EE.UU., Uruguay, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Honduras, el Gobierno se maneja con 15 o 16 ministerios. Consciente de la baja recaudación impositiva de República Dominicana, por encima únicamente de Guatemala, el Gobierno del presidente Abinader debería anunciar al país el cierre de los ministerios de la Mujer, la Juventud y Administración Pública. Hacienda y el MEPyD, como ya se anunció, se fusionarían, al igual que Educación, MESCyT, Cultura y Deportes. Lo mismo debería hacerse con el Ministerio de la Presidencia y el Administrativo de la Presidencia. En muchos países, Industria, Comercio, Energía y Minas son áreas dirigidas por un solo ministerio. No vemos porqué en nuestro caso tiene que ser diferente. Se entendería que Chile tenga un ministerio de Minas y Metalurgia, un país donde la minería representa el 12% del PIB, diez veces lo que representa en nuestro caso.
Nos quedaríamos con 15 ministerios, Presidencia, Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Hacienda-Economía, Obras Públicas, Agricultura, Industria-Comercio-Energía-Minas, Turismo, Medio Ambiente y Procuraduría General de la República (Ministerio Público), el doble los que tiene Argentina. Milei ya puso a la venta algunos de los edificios de ministerios que han sido cerrados. Nosotros podríamos hacer lo mismo o asignarlos a dependencias gubernamentales realmente necesarias y productivas que necesiten espacios de oficinas para funcionar. A través de un referéndum, el Gobierno podría preguntar a la población qué prefiere: la reducción de 24 a 15 ministerios o una reforma fiscal que aumente las recaudaciones. La mayoría, probablemente, elegiría la primera opción. Una vez racionalizado el gasto público, el Gobierno contaría con una población más abierta a escuchar la propuesta oficial para elevar las recaudaciones a través de reformas que pongan un piso a la evasión tributaria.
