Ese parece ser el nuevo descubrimiento en nuestra región cuando observamos cómo gobierno tras gobierno desenfundan el sable de recorte de aranceles para contener la inflación que erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Brasil redujo en 10% la tasa arancelaria que aplica al etanol, bajándola de 20% a 18%; a la carne de bovinos y a los “blueberries”, de 10% a 9%; al queso procesado, de 16% a 14.4%; y a la proteína de suero de 14% a 12.6%. Colombia fijó transitoriamente una tasa 0% para 165 productos que pagaban aranceles entre 5% y 15%.
Es bien conocido en la teoría del comercio internacional que la medida óptima, en una pequeña economía abierta, para regular a los monopolios domésticos de bienes transables internacionalmente es el libre comercio, es decir, arancel cero a las importaciones del bien extranjero que compite con el del monopolio local. Bhagwati y Srinivasan lo demuestran con claridad en sus “Lectures on International Trade” (1983). Frente a la competencia del producto importado libre de arancel, el monopolista no tiene más alternativa que reducir el precio de su producto a un nivel similar o inferior al que cargará el importador por la venta del suyo.
Si la causa de nuestra inflación fuese el sobreprecio cobrado por los monopolios u oligopolios locales, la decisión del Ejecutivo de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece por 6 meses la tasa arancelaria de 0% para 67 productos, constituye una opción correcta de política económica.
Lamentablemente, desconocemos el estudio que revela el nivel de concentración vigente en la producción local de esos 67 productos, para saber si realmente los precios de esos productos incorporan el tipo de distorsiones que muchas veces se observan en mercados monopólicos u oligopólicos. Mucho menos, si esas distorsiones aparecieron por primera vez en 2021 y, en consecuencia, si las mismas fueron la causa de la inflación que enfrentamos.
Mientras esos estudios no estén disponibles, resulta difícil aceptar que la inflación actual es un fenómeno arancelario. La pandemia provocó dislocaciones en la cadena de suministro de bienes a nivel global. Esa disminución de la oferta se encontró con un tsunami de liquidez monetaria en la medida en que los bancos centrales financiaron la recuperación de la producción y del empleo y engavetaron transitoriamente la meta de inflación. La Reserva Federal de EE. UU., por ejemplo, expandió la liquidez a un ritmo sin precedentes: el crecimiento anualizado de la oferta monetaria (M1) entre 2019 y 2021 fue de 126%. La caída de la oferta global y la expansión de la demanda provocada por el aumento del gasto público y el tsunami de liquidez, provocaron la inflación global. Una buena parte de la inflación que evidenciamos en 2021, nos llegó a través de las importaciones de insumos, materias primas y bienes finales que importamos del resto del mundo. A la inflación importada debemos agregar la inducida por la mezcla doméstica de políticas fiscales y monetarias que el Gobierno y el Banco Central se vieron precisados a adoptar. El Gobierno salió en apoyo de los hogares con transferencias directas de efectivo para compensar la totalidad o parte de los salarios que estos dejarían de percibir como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para moderar la propagación de la pandemia. El Banco Central, por su parte, apoyó decididamente la recuperación de la producción y el empleo, utilizando todos los canales disponibles para la inyección de liquidez y el financiamiento a las empresas. Claro, Valdez no siguió la receta del “helicopter money” de imprimir dinero adicional y distribuirlo en el público, sino la concepción de Schumpeter (1934) en la que el Gobernador siempre ha creído: canalizar recursos a los bancos y demás entidades financieras para prestarlos a las empresas, consciente de que la banca es una eficiente “productora de poder adquisitivo” y de la correlación que ha existido siempre en países desarrollados y en vías de desarrollo entre el crecimiento del crédito al sector privado y el crecimiento económico. M1 exhibió un crecimiento anualizado de 25% entre 2019 y 2021, prácticamente alineado a los de 37% y 21% que registraron Chile y Perú, respectivamente.
La producción de bienes agropecuarios, por razones que ameritarían un análisis más profundo, no reaccionó como deseaban los diseñadores de políticas. El crecimiento anualizado promedio durante los años 2020 y 2021 fue de 4.4% para el arroz, 2.0% para el maíz en grano, 0.7% habichuelas, -6.6% guandules, 1.3% tubérculos, bulbos y raíces, -1.0% otras hortalizas y vegetales, 1.4% guineos, 4.8% plátanos, -3.4% frutas cítricas, -4.4% tomate, 0.9% ganado bovino vivo, -2.2% ganado porcino vivo, 1.0% pollos vivos, -2.6% leche cruda, 6.3% huevos y 4.6% productos de la pesca. Todo lo anterior, a pesar de que el Banco Agrícola concedió RD$7,666 millones de préstamos a tasa cero al sector agropecuario, se otorgaron subsidios por RD$1,600 millones en la compra de fertilizantes, y se concedieron subsidios a la producción de arroz y harina de trigo por RD$877 millones. La débil reacción de la oferta doméstica ante una demanda expandida por un potente mix monetario-fiscal debía producir, como ocurrió, alzas de precios. Esta hipótesis parecería tener más sustento que la supuesta existencia de “prácticas monopólicas u oligopólicas” por parte de productores domésticos que caducarían con la política de arancel cero o libre comercio transitorio.
El año pasado, las importaciones de los 67 productos que ingresarían durante 6 meses con arancel cero, pagaron impuestos de importación ascendentes a RD$1,735 millones, arrojando un arancel promedio efectivamente pagado de 6.27%. Si tomamos la ponderación en la canasta de bienes y servicios de esos 67 productos, observamos que estos tienen una ponderación consolidada de 7.19%. Asumiendo que la tasa cero produciría como máximo una reducción promedio de 6.27% en el precio de venta de esos productos, se tendría que, a lo sumo, el IPC se reduciría en 0.45%. Más aún, si se tiene en cuenta que los productores locales percibirían el desmonte arancelario como transitorio, no como permanente. En otras palabras, ceteris paribus, la inflación de 8.98% a febrero de 2022, bajaría a 8.53%.
No es la primera vez que el Gobierno dominicano tiene que hacer frente al fenómeno de la inflación. En 1990, la administración de Balaguer, debido a un enorme déficit fiscal financiado con crédito del Banco Central, generó una inflación de 100%. Parte de la inflación era importada, pues EE. UU. cerró con una inflación de 5.4% en 1990, superior al 4.7% que registró en 2021. Para reducir la inflación, el gobierno de Balaguer ejecutó una serie de medidas orientadas a eliminar el déficit fiscal y el financiamiento inflacionario del mismo. En septiembre de 1990, subió el precio del galón de la gasolina de RD$15.00 a RD$20.00 y del gasoil de RD$8.95 a RD$13.70. En 1991, aumentó la tarifa eléctrica en 59.2%. La figura central del paquete, sin embargo, fue una reforma arancelaria, ejecutada por decreto, que eliminó exenciones, redujo a 7 el número de tarifas en el rango 5% a 35%, aumentó la base gravable al sustituir el valor FOB por el valor CIF y, sobretodo, utilizó la tasa de cambio del mercado libre de RD$12.65 por dólar para la valoración en pesos de las importaciones, en lugar de la tasa de cambio oficial rezagada de RD$6.34 por dólar que utilizaban las aduanas. En consecuencia, el arancel promedio efectivamente pagado aumentó de 16% en 1990 a 24% del valor total de las importaciones en 1992 y las recaudaciones aduaneras subieron en 2.5% del PIB entre 1990 y 1992. La inflación, a pesar del aumento del arancel promedio efectivamente pagado, cayó dramáticamente de 100% en 1990 a 4% en 1991.
Lo anterior revela que para el equipo económico y de asesores externos del gobierno de Balaguer, la inflación no era un fenómeno arancelario sino un fenómeno esencialmente monetario. La reducción del déficit fiscal permitió al Banco Central ejecutar una política monetaria restrictiva que se tradujo en una caída de la relación M1/PIB de 9.3% en 1990 a 8.1% en 1991 y M2/PIB de 13.8% en 1990 a 11.9% en 1991. Es por eso que las actuales autoridades del Banco Central, una vez recuperada en 2021 la producción y la mayor parte del empleo que la pandemia se llevó en 2020, procedieron a cambiar la postura monetaria desde el perfil expansivo que prevaleció en 2020-2021, a uno restrictivo a partir de diciembre de 2021. Las relaciones M1/PIB y M2/PIB que aumentaron a 11% y 27%, respectivamente, en 2021, las veremos retornar posiblemente a los niveles de 8.2% y 24% que registraron en 2019. Las autoridades monetarias, conscientes de que en enero y febrero de 2022, las ventas totales de la economía registraron crecimientos nominales de 30% y 34% con relación a enero y febrero de 2021, respectivamente, realizaron un nuevo aumento de 50 puntos básicos en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en abril de este año. Con una inflación a febrero de 8.98%, es posible que veamos nuevas alzas en la TPM en los próximos meses. Es esa política y no otra, es la que permitirá que cuando la inflación importada haya retornado a la normalidad, el Banco Central lleve la inflación nuevamente a la meta de 4%. Como dijo Friedman en su “Millar Lecture” de 1959 en la Universidad de Fordham, “ningún país logró contener la inflación sin adoptar medidas dirigidas a restringir el crecimiento del stock de dinero. Y todos los países que mantuvieron bajo control el crecimiento del stock de dinero lograron controlar el aumento de los precios”.
