En el 2009, las pérdidas de las EDE alcanzaron el 36.2 % del total de la energía comprada, lideradas por Edeeste con 44.3 %; Edesur, 34.0 %; y Edenorte, 31.1 %. En el 2019, las pérdidas se redujeron a 27.0 % del total de la energía comprada. De nuevo, Edeeste con el mayor porcentaje (38.3 %), seguido por Edesur (21.4 %), y Edenorte (20.5 %). En esos 11 años, las pérdidas se redujeron en 9.2 puntos porcentuales (p.p.), arrojando un promedio de 0.84 p.p. por año, por debajo de la meta de 2 a 3 p.p. trazada por organismos multilaterales de financiamiento como el BID y el Banco Mundial.
Durante el período 2009-2019, las inversiones de las EDE totalizaron US$1,837.4 millones, arrojando un promedio anual de inversión de US$167.0 millones. Esas inversiones contribuyeron a la reducción gradual, aunque insuficiente, de las pérdidas de las EDE, las cuáles siguen siendo más elevadas que las de Panamá (13.5 %), Costa Rica (10.9 %), El Salvador (11.5 %), Guatemala (17.1 %) y Nicaragua (21.6 %). El bajo nivel de las inversiones realizadas explica el rezago en el programa de expansión de la distribución de electricidad y la persistencia de un sistema de distribución vulnerable, caracterizado por subestaciones y redes sobrecargadas y equipos obsoletos.
La pérdida de energía comprada y no facturada es la principal causa del déficit de las EDE. La eliminación de este déficit constituye uno de los componentes más importantes de la reforma fiscal integral, si se tiene en cuenta que el déficit de las EDE ha requerido transferencias anualizadas promedio del Gobierno central al sector eléctrico ascendentes a 1.6 % del PIB durante el período 2009-2019. Una parte significativa del endeudamiento público externo e interno en que hemos incurrido, ha sido inducido por la necesidad de financiar el déficit cuasipermanente de las EDE.
Los organismos internacionales de financiamiento estiman que para el período 2021-2030, las EDE deberán invertir US$2,290 millones (Edenorte US$968 millones, Edesur US$528 millones, Edeeste US$794 millones), en promedio, unos US$230 millones por año. Solo así, podrán acelerar el proceso de reducción de las pérdidas. Durante los primeros tres meses del 2021, las inversiones realizadas por las EDE apenas alcanzaron US$19.1 millones, equivalente al 31 % de las realizadas en enero-marzo de 2020. Esta es, sin lugar a dudas, una las áreas que requerirá un esfuerzo extra por parte del Gobierno para corregir rápidamente el aumento de las pérdidas que han registrado las EDE en los últimos 12 meses. Mientras en el primer trimestre del 2020, las pérdidas de las EDE representaron el 27.7 % de la energía comprada, en el primer trimestre de 2021 han subido a 32.9 %. En otras palabras, en apenas 12 meses, hemos retrocedido al nivel de pérdidas de hace 10 años (32.9 % en el 2011). Una parte del súbito deterioro ha sido inducido por la contracción económica forzada por la pandemia que enfrentamos desde marzo de 2020. Con la acelerada recuperación que ha registrado la economía en el segundo trimestre de 2021, uno esperaría que las pérdidas de las EDE iniciaron su descenso el pasado mes de abril. Una vez la CDEEE publique los informes de desempeño correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2021, podremos validar o rechazar esta expectativa.
No sabemos con certeza la decisión que finalmente tomará la presente administración sobre la apertura de las EDE a una posible administración o participación accionaria privada en las mismas. Si el Gobierno decide mantener el control del 100 % de la base accionaria de las EDE, tendrá que identificar la fuente de los recursos para financiar anualmente las inversiones que requieren las EDE. La situación se complica porque los tiempos de petróleo barato (fuel-oil #6 y #2) que nos concedió la pandemia, parecen haber pasado; lo mismo aplica para el carbón y para el gas natural. Resulta previsible que el precio promedio de compra de energía que van a enfrentar las EDE en los próximos meses y años exhibirá posiblemente una tendencia alcista. En un país donde el aumento en el costo de generación diese lugar a un aumento en el precio de venta de la energía, el problema sería manejable pues las EDE solo tendrían que disponer de una estrategia para lidiar con el aumento del consumo fraudulento que generalmente inducen los aumentos de tarifa.
Lamentablemente, nuestro caso es más complicado. República Dominicana es uno de los países del mundo que años atrás descubrió que el undécimo mandamiento extraviado en las tablas que Moisés bajó del Sinaí manda lo siguiente: No subirás la tarifa eléctrica. Eso explica el porqué, a pesar de que la mayor parte de la generación de electricidad en nuestro país se realiza con combustibles fósiles que se compran en el mercado internacional y se pagan en dólares, la tarifa que cobramos a los usuarios del servicio ha bajado de US$0.212 el kWh en julio de 2011 a US$0.139 en marzo de 2021. Lo anterior no es un error de digitación; es la realidad: el precio promedio de venta de energía de las EDE se ha reducido en casi 35 % entre julio de 2011 y marzo de 2021.
Esa reducción en el precio promedio de venta de la energía que han facturado las EDE, cuando se conjuga con las pérdidas de energía comprada y no facturada, y las correspondientes a energía facturada no cobrada por las EDE, arroja que en solo 17 de los 147 meses transcurridos entre enero de 2009 y marzo de 2021, las EDE terminaron cobrando una tarifa efectiva por encima del precio promedio que pagaron a los generadores. En otras palabras, durante 130 de los 147 meses que transcurrieron entre enero de 2009 y marzo de 2021, las EDE no generaron un solo peso de excedente entre la compra y venta de energía para pagar salarios. Durante la mayor parte del tiempo, el Gobierno no solo ha tenido que realizar transferencias de capital para que las EDE inviertan, sino también para cubrir todos sus gastos administrativos.
El tema de la tarifa de electricidad debe ser abordado de una vez y para siempre con responsabilidad y valentía. En julio del 2011, el precio de venta al detalle de una cerveza pequeña en el país era de US$1.24. En mayo de 2021, esa cerveza se estaba vendiendo al detalle en US$1.58, es decir, casi un 28 % más cara que hace 11 años. En ese mismo período, el precio del servicio de electricidad, que tiene un componente importado mayor que el de la cerveza, se ha reducido de US$0.212 a US$0.139 el kWh, es decir, en casi un 35 %. Quizás algunos piensan que “nos la estamos comiendo” con semejante política de tarifas mentirosas. Al negarnos a pagar la tarifa que deberíamos pagar, actuamos con irresponsabilidad, trasladando el problema a nuestros nietos. Serán ellos quienes no solo tendrán que pagar las tarifas verdaderas, sino también los aumentos de impuestos que se requerirán para servir la enorme deuda pública que nuestra irresponsabilidad les habrá dejado como herencia.
Si no estamos dispuestos a aceptar la necesaria corrección de la tarifa de electricidad, tendremos que aceptar que el Gobierno se endeude no solo para cubrir su déficit, sino también para pagar a las EDE lo que nosotros rechazamos, y para que estas inviertan en tecnología que dificulte el robo de la energía. No nos engañemos. En el mundo no va a aparecer un administrador capaz de eliminar el déficit de una empresa que, 1) la obligan a vender a un precio efectivo inferior a un costo de adquisición montado en una trayectoria alcista ; 2) la limitan a vender al segmento menos rentable y peor pagador del servicio, pues las grandes empresas se han convertido en Usuarios No Regulados que contratan directamente el servicio con los generadores u obligan a la EDE a venderles al precio que compran al generador; 3) la conminan a acoger una avalancha creciente de contratos de compra de energía renovable a precios mayores a los que, en promedio, la EDE termina cobrando al usuario del servicio; y 4) la amarran con sogas políticamente correctas cuando esta intenta combatir el fraude sin contar con el respaldo irrestricto de las fuerzas de orden público. Si a Cervecería Nacional Dominicana le hubiésemos impuesto la política de precios que hemos fijado a las EDE durante años, hace rato que habría quebrado, a no ser que el Gobierno, consciente de la importancia de la fría en la cultura dominicana, en vez de cobrar impuestos a la empresa y a los consumidores, hubiese optado por subsidiarlos a ambos.
