Dos meses antes de las elecciones de mayo de 2020, la inflación mensual marcaba un 10%. De mantener ese ritmo, la inflación anual habría llegado a 214%. La base monetaria estaba creciendo en noviembre de 2019 a un ritmo anualizado de 92%. El gobierno había exhibido un déficit fiscal equivalente a 20.2% del PIB en el 2019, el cual financió con emisiones monetarias del Banco Central. Para defender la tasa de cambio de 7.52 dólares surinameses (SRD) por dólar, el Banco Central había optado por desprenderse del 30% de sus reservas de divisas. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 11.9% del PIB en 2019, era totalmente insostenible. La actividad económica, medida a través de la variación en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), se había contraído en 24% entre mayo de 2019 y mayo de 2020.
El 9% de todos los empleados en el sector privado y el 7% de los del sector público habían perdido su empleo. El salario mínimo real mostraba una caída anualizada de 26%. La pérdida de empleos y la caída de los ingresos reales provocadas por la contracción económica y la inflación galopante, habían provocado un aumento considerable en la pobreza.
Fue en ese escenario, secuestrado por la pandemia del Covid-19, que el 25 de mayo de 2020 Surinam celebró elecciones para elegir el Parlamento que, a su vez, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, designaría al presidente que asumiría la responsabilidad de hacer frente a este mega desastre económico.
El Partido Reformista Progresista (PRP) que presidía Chan Santokhi, recibió el 39.45% de los votos en las elecciones de mayo de 2020, obteniendo 20 de los 51 asientos en el Parlamento. Santokhi, un oficial de la policía que se había formado en la Academia de Policía de los Países Bajos entre 1978 y 1982, y servido como ministro de Justicia y Policía bajo la cuota ministerial del PRP durante 2005-2010, avanzaba por el carril más interno en la carrera por la presidencia. Su política de prevención y persecución tenaz del crimen, especialmente del tráfico de drogas, llevó al presidente de entonces, Desi Bouterse, a asignarle el apodo de sheriff. Santokhi, participando como candidato de una alianza de partidos que sumaban 33 de los 51 asientos, fue declarado presidente por aclamación al no presentarse ningún otro candidato. Alguien tenía que revivir la economía surinamesa que yacía en el suelo, fruto de la herida mortal que le había producido el populismo macroeconómico de Bouterse. La responsabilidad recayó en el sheriff.
La herencia recibida por Santokhi requería actuar con responsabilidad. Mientras en el resto de la región los gobiernos flexibilizaron su política fiscal y expandieron de manera considerable su déficit en el año de la pandemia, la administración de Santokhi no podía hacerlo. Había recibido unas cuentas fiscales deficitarias en 20.2% del PIB en el 2019 y con tendencia creciente en el primer semestre de 2020. El presidente y su equipo sabían que, en ausencia de un ajuste y una reducción del financiamiento con emisiones monetarias del Banco Central, Surinam avanzaría sin retorno hacia la hiperinflación. Consciente de que la caída de la actividad económica en 2020 impactaría negativamente en las recaudaciones, la única opción que tenían para recortar el déficit era a través de una drástica reducción del gasto público. A pesar de que el PIB real cayó en 16% en el 2020 y los ingresos del gobierno bajaron de 20.3% del PIB en el 2019 a 18.2%, Santokhi se las arregló para reducir el déficit fiscal de 20.2% del PIB en el año pre-pandemia (2019) a 12.0% en el año del Covid-19 (2020). ¿Cómo lo logró? Reduciendo el gasto del gobierno de 40.5% del PIB en 2019 a 30.2% en el 2020.
El presidente y su equipo estaban conscientes de que el esfuerzo realizado no era suficiente. La caída dramática de 27.6% del PIB nominal en dólares durante 2020 y la necesidad de financiar un déficit fiscal todavía considerable, colocaron la deuda pública en 146.4% del PIB a final de 2020. Tenían que profundizar el ajuste fiscal para reducir la necesidad de financiamiento inflacionario y lograr que la inflación comenzara a ceder. El inicio de la recuperación económica en 2021 y el alza de los precios de minerales (oro y petróleo) que se arrastraba desde el 2020, permitieron al gobierno aumentar los ingresos fiscales en 8.2% del PIB en el 2021, de los cuales 5.4 puntos porcentuales fueron aportados por los impuestos directos y otros ingresos (dividendos) derivados a la minería. A pesar de este fuerte incremento de los ingresos, Santokhi, actuando con responsabilidad, mantuvo el gasto bajo control, permitiendo que este último aumentase en apenas 1.9% del PIB. Este manejo prudente de las finanzas públicas se tradujo en una reducción del déficit fiscal desde 12.2% del PIB en 2020 a 5.7% en 2021, y en una caída de la deuda pública desde 146.4% del PIB a 115.8%.
Esta política se mantuvo durante 2022, como una forma de enviar un mensaje contundente al FMI del compromiso de la nueva administración con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras los ingresos fiscales subieron en 0.4% del PIB, el gasto público se redujo en 2.6% del PIB, lo que permitió que el déficit fiscal bajase a 2.7% del PIB. El 22 de diciembre de 2022, Surinam firmó con el FMI un Acuerdo Ampliado bajo el Servicio Ampliado del Fondo por 3 años que proveería a la pequeña economía desembolsos del FMI por DEG 472.8 millones. Bajo este acuerdo, Surinam ejecutó una reforma tributaria, la cual, entre otras cosas, sustituyó el “sales tax” por un IVA de 10%, estableció un protocolo para el aumento de la tarifa de electricidad, eliminó los subsidios a los combustibles y redujo el gasto en nómina en 3.7% del PIB entre 2020 y 2023.
Bajo este acuerdo con el FMI, el gobierno del presidente Santokhi logró reducir el déficit fiscal a 1.5% del PIB en 2023, un resultado verdaderamente impresionante si se tiene en cuenta que había heredado un desbalance de 20.2% del PIB en 2019. La deuda pública bajó a 91.8% del PIB en 2023. La cuenta corriente de la balanza de pagos que ha exhibido un superávit durante todos los años de 2020-2023, terminó el 2023 con un superávit de 2.4% del PIB. Las reservas de divisas del Banco Central, que habían caído a US$519.6 millones en mayo de 2020, subieron a US$1,346 millones a final de 2023. La tasa de cambio, determinada en un mercado totalmente flexible, se ha apreciado en 23% en los últimos 12 meses, bajando de SRD 38.30 por dólar en julio de 2023 a SRD 29.40 en julio de 2024. La inflación mensual, que el presidente Santokhi recibió en 10% dos meses previos a su elección, cayó a 0.2% en junio de 2024, proyectándose que la inflación anualizada (dic-dic) podría terminar entre 10% y 12% este año. El “spread” sobre sus bonos globales, que ascendía a 3,800 puntos básicos cuando Santokhi asumió, hoy ha bajado a menos de 500.
Difícilmente el FMI podría exhibir, desde que se fundó la institución hace exactamente 80 años, un ejemplo más exitoso de ajuste y estabilización que el ejecutado por el presidente Santokhi en Surinam durante el período 2020-2024. Lamentablemente, en ocasiones, las misiones del FMI están afectadas por una especie de miopía que les impide ver que la imposición de condicionalidades excesivas que no ponderan por los tiempos políticos que enfrentan los gobiernos, puede provocar el retorno de las políticas populistas que desencadenaron el caos económico que el presidente Santokhi y su equipo heredaron a mediados de 2020.
Para nadie es un secreto que la magnitud del ajuste fiscal ejecutado en Surinam durante los últimos 4 años debe haber repercutido negativamente en la favorabilidad del presidente Santokhi y su partido. Si el FMI estuviese realmente interesado en que las buenas políticas económicas que, con valentía y sacrificio, ha ejecutado la administración de Santokhi, se mantengan luego de las elecciones de mayo de 2025, debería reconocer que la reducción del déficit fiscal desde 20.2% del PIB en 2020 a 1.5% en 2023 es, por el momento, más que suficiente. ¿Puede el FMI mostrar algún otro caso de ajuste fiscal de tal magnitud? Insistir en una reducción adicional hasta alcanzar 0.9% del PIB este año y 0.0% en el 2025, solo serviría para que la oposición política que ha criticado la política económica de Santokhi tome el control mayoritario del Parlamento en las elecciones de mayo de 2025 y revierta todo lo que se ha logrado a la fecha.
Después que el Gobierno eliminó todos los subsidios a los combustibles y dispuso un aumento en la tarifa de electricidad de 36% en 2023 y 38% en abril de 2024, exigirle cuatro nuevos aumentos de 7% cada uno en mayo, julio, septiembre y noviembre de 2024 y la inclusión de la electricidad, el gas de cocinar y el agua en la base gravable del IVA con una tasa reducida de 5% a partir de junio de 2024, es un reflejo claro de que, en ocasiones, las misiones del FMI no entienden que las condicionalidades excesivas pueden derivar en la inconsistencia temporal de los programas del FMI: sacan del gobierno a los que ordenan la economía y meten a los propiciadores del desorden macroeconómico. Estoy seguro que si Gita Gopinath, primera subdirectora general del FMI y Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, dedicaran diez minutos a analizar lo que el FMI está exigiendo a Surinam en su Sexta Revisión del Acuerdo Ampliado, identificarían rápidamente la inconsistencia temporal de este programa de ajuste y estabilización, un problema que surge cuando las misiones están conformadas por economistas teóricos sin experiencia alguna en el mundo de la economía política.
