Santo Domingo Este.- El alcalde de Santo Domingo Este, Dió Astacio, respondió este viernes a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) sobre la instalación de contenedores de basura en las calles y avenidas del municipio. Este subrayando que el ayuntamiento tiene autonomía para tomar decisiones en beneficio de la ciudad.
Astacio recordó que la Constitución establece que los ayuntamientos son instituciones autónomas, con el derecho de decidir sobre sus ciudades siempre que no infrinjan ninguna ley. “La Digesett es un auxiliar del ayuntamiento, no es el jefe del ayuntamiento ni lo es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)”, resaltó.
El alcalde destacó que el 95 % de la población de Santo Domingo Este está satisfecha con la colocación de los contenedores de basura, ya que estos se han instalado en zonas donde antes se acumulaba gran cantidad de desechos. En este sentido, aseguró que el 90 % de los ciudadanos apoya la medida, según una encuesta reciente realizada en el municipio.
Astacio también defendió que las avenidas no son únicamente espacios para el tránsito de vehículos, sino que deben ser vistos como áreas de convivencia para peatones y conductores. “No podemos incitar a la gente a que todo lo que está en el medio hay que quitarlo, porque incluso los conductores estacionan sus vehículos en el mismo espacio que ocupa un contenedor”, explicó.
Además, señaló que los contenedores están correctamente iluminados y señalizados, garantizando la seguridad vial. “Hasta el momento, no se ha reportado ningún accidente de tránsito relacionado con la instalación de los contenedores”, afirmó.
El alcalde de Santo Domingo Este reiteró el compromiso de su administración en mejorar la gestión de residuos en el municipio y continuar con la instalación de los contenedores en los puntos donde más se necesita, beneficiando a la comunidad.
Astacio realizó estas declaraciones previo a la inauguración del Centro de Prevención y Seguridad Ciudadana, un proyecto conjunto entre el Ministerio de Interior y Policía y la Casa de Gestión Senatorial.
