Hay gente molesta con el Gobierno porque no ha cumplido con algunas de las ofertas de campaña. ¿Tienen razones para sentirse así? En lo absoluto. Las condiciones en que asumió la nueva administración resultaron muy diferentes a las que prevalecieron durante buena parte del tiempo de campaña. La pasada campaña electoral comenzó a mediados del 2019, cuando la pandemia estaba muy lejos de irrumpir en nuestro país. No especulo cuando afirmo que la mayor parte del programa de gobierno del PRM se redactó antes de la megacrisis económica inducida por las medidas que dos gobiernos sucesivos se vieron forzados a implementar para moderar la propagación del Covid-19.
Molestarse con la presente administración porque ha tenido que engavetar, transitoriamente, muchas de las promesas y ofertas de campaña, como consecuencia de lo sucedido, solo puede estar revelando un enorme déficit de sensatez y realismo de los inconformes.
El disgusto puede estar reflejando también un desconocimiento total de la psicología del votante. ¿Alguien conoce un candidato que haya resultado electo prometiendo un aumento de impuestos, un incremento del endeudamiento, un recorte brutal del gasto público, un congelamiento de salarios, el despido del personal excesivo de la administración pública, el aumento de las tarifas eléctricas, del metro y del transporte en autobuses de la OMSA, el aumento de los precios de los combustibles, la privatización de empresas estatales, el aumento de la inflación y la devaluación del peso para reducir el déficit de la cuenta corriente? ¡Por favor! Solo un adicto al suicidio político ofertaría semejantes “barbaridades”. Recordemos que vivimos en una democracia y que, bajo ese sistema político, para llegar a la Presidencia, hay que ofrecer con credibilidad y firmeza una fantasía, una ilusión idílica, un cuasi-paraíso terrenal.
Siguen al pie de la letra el Manual para Obtener Votos los candidatos que en campaña prometen crear 700 mil empleos en 4 años, bajar en 30% los precios de todos los alimentos, reducir la tarifa de electricidad, bajar los impuestos y los precios de los combustibles, construir 100 mil viviendas para las familias de menores ingresos, subir en más de 100% los salarios de los médicos, enfermeras y policías, duplicar el salario mínimo, triplicar las pensiones, eliminar el déficit fiscal, reducir los impuestos, terminar con el despilfarro de recursos públicos y acabar con el endeudamiento público. Eso y no otra cosa es lo que se debe ofrecer en países democráticos si se desean elevar las posibilidades de triunfo en las elecciones, más aún, en un país de bajísimo nivel educativo como el nuestro, como ratifican los resultados de PISA 2018.
El preámbulo anterior lo presento para sacudir a los molestos y ver si con ello retornan a la realidad que hoy vive la nación y su economía. La crítica de los viernes al Ministro de Industria y Comercio, ya aburre. Quieren que baje los precios de los combustibles a pesar de que el precio de la gasolina en el mercado mundial ha subido en 103% en enero de este año con relación al promedio de marzo-mayo del 2020, mientras el peso se ha depreciado en 7% durante el mismo período. Exigen la baja que entienden prometida en el ya legendario video de la formulita. Parafraseando a Carville, “the campaign, stupid”.
La realidad es que la gasolina y el gasoil deberían estarse vendiendo hoy a precios mucho más elevados que los establecidos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Una parte del aumento que correspondía como consecuencia del aumento en el precio de ambos combustibles en el mercado mundial y de la depreciación del peso, ha sido transitoriamente absorbida por el MIC en forma de un endeudamiento con los importadores de combustibles, amparándose en el Decreto 625-11 del 14 de octubre del 2011. Esta deuda se pagará gradualmente cuando los precios internacionales comiencen a bajar, vía la aplicación de una rebaja menor a los precios de venta en las estaciones de expendio. Si los precios internacionales no bajan, Hacienda terminará asumiendo y pagando esa deuda.
Adicionalmente, desde el 21 de noviembre del 2015, el MIC ha descontinuado el ajuste por inflación que la Ley 112-00 establece para el impuesto específico en pesos por galón de gasolina regular. Este se ha mantenido fijo en RD$63.83 durante más de 5 años. El congelamiento del impuesto específico que grava todos los combustibles, ha representado un costo fiscal o gasto tributario de RD$12,787 millones durante el período 2016-2020. ¿Saben ustedes donde debería estar el impuesto específico en pesos por galón de gasolina regular en este momento, si el MIC hubiese aplicado el ajuste periódico que manda la ley? En RD$74.58 por galón. En otras palabras, al precio actual del galón de gasolina regular de RD$215.00, tendríamos que subirle RD$10.75, más el monto del aumento en el precio FOB que se ha producido y que el Gobierno ha optado por no traspasar.
Durante el 2010-2012, los ingresos del Gobierno por los impuestos sobre los combustibles representaron un 1.78% del PIB; el año pasado apenas alcanzaron 1.08%. ¿Qué es lo que se persigue con la cantaleta populista que demanda al Gobierno bajar los precios de los combustibles aún más que la rebaja implícita provocada por el no traspaso de una parte del aumento del precio en el mercado internacional y la ya muy dilatada suspensión del ajuste por inflación del impuesto específico? ¿Un aumento del déficit fiscal y mayor endeudamiento público? Si siguen forzando el “gadejometro”, eventualmente podríamos regresar a los tiempos de racionamiento de los combustibles.
Algunos divorciados de la realidad impositiva del país podrían sugerir que sustituyamos los impuestos menos propensos a la evasión fiscal con que cuenta la fiscalidad dominicana, como son los selectivos sobre los combustibles, por un aumento del impuesto sobre la renta a las personas físicas y jurídicas.
Semejante intercambio solo podría emanar de algún “ignorance tank”: mientras la evasión de los impuestos sobre los combustibles no llega ni al 3% de la recaudación potencial, la correspondiente a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas, alcanzan 59% y 63%, respectivamente. El Gobierno que haga caso a esa recomendación, estaría allanando el camino a rebajas en la calificación de su deuda soberana.
Olvidemos lo que pudo haber sido ofrecido o prometido en campaña. El mundo cambió en el 2020. Permitamos al Gobierno gobernar con sensatez y racionalidad. Por delante tenemos el reto inmenso de vacunar a una nación entera de una pandemia, lo que requerirá, en primer lugar, baipasear el cabildeo feroz de países desarrollados que han enarbolado la consigna Primero Nosotros para recibir las vacunas y, en segundo lugar, diseñar y ejecutar una efectiva estrategia de vacunación cuando recibamos las nuestras. Ayudemos al Gobierno en la tarea titánica que como nación tenemos por delante. El tiempo no está para reclamar el cumplimiento de promesas que todos los que tienen dos dedos de frente reconocían como irrealizables. Para lo que si está es para comenzar a pensar con seriedad y responsabilidad, cómo tendremos que racionalizar la estructura de los impuestos selectivos al consumo de combustibles a medida que vaya aumentando el número de vehículos eléctricos en circulación, tomando en consideración que el 84% de nuestra generación de electricidad emana de combustibles fósiles (carbón, fuel-oil y gas natural), cuya quema, al igual que la de la gasolina, gasoil y GLP utilizados en el transporte vehicular, genera gases de efecto invernadero.
