No es cuestión del todo vale. No hay que valerse del cinismo y usar a la ciudadanía para mostrar una imagen de un país fragmentado, encolerizado, que evoca escenas de una época sangrienta de la historia de España en la que no había derechos humanos. La prensa internacional nos presenta como ejemplo de democracia fallida, donde el Estado de Derecho ha sido mancillado por ideologías, ideologías que promueven gente a la que no le importan las personas.
Los cánticos, los himnos y las banderas han convivido por un día, al ritmo de la contención policial y los gritos de disidencia. Lo que era un referéndum al margen de la legalidad, se ha convertido ante los ojos del mundo, en un atentado contra los derechos fundamentales.
No sé si los diarios internacionales conocen la profundidad del reclamo que plantea una masa crítica de la población, pero sí han evidenciado la falta de entendimiento entre el Gobierno de España y de Cataluña para hacer política de altura. La falta de interés por encontrar en el diálogo la misiva de ambos y sí, el deseo desaforado de encontrar en las fuerzas de seguridad del Estado una solución a este conflicto político y ahora también, social.
Unido y firme, los dos flancos diametralmente opuestos, permanecen impertérritos en su discurso. El primero negando lo evidente. La necesidad de parte de la población en su reclamo por una reforma constitucional que promueva la apertura de un referéndum legal; el segundo, haciendo una declaración unilateral de independencia, poniendo como válido un proceso al margen de la legalidad y declarando una ley de transitoriedad, no reconocida por el Tribunal Constitucional, en la que Cataluña sería una República y tendría una Constitución propia.
El Gobierno central, basándose en la indisolubilidad e indivisión de la Nación española que promulga el artículo 2 de la Constitución Española, podría aplicar el artículo 161.2 o su hermano mayor, el artículo 155 de esta Carta Magna, y convocar no sólo a elecciones en Cataluña. También podría, si no tiene apoyos para los Presupuestos, cuestión más que probable, convocar elecciones generales anticipadas.
Para más inri, los independentistas piden ayuda a Europa obviando que los Estados miembros solo podrían constatar que no pueden dar su reconocimiento y que tienen que considerar la solicitud de independencia catalana inadmisible, según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea
