Los finales de año suelen traernos aires de renovación, nuevas ideas y la visión de que podríamos aportar a la solución de algunos pendientes. Quizá por eso, tendemos a ver las noticias de diciembre en clave de cierre; y las pasamos bajo el filtro de las deudas y las conquistas, hasta hacerlas formar parte de las famosas listas que publican todos los medios.
COn todo, siempre quedan noticias fuera de las listas, por no ser populares, lo suficientemente escandalosas o por tratarse de aspectos más cotidianos del funcionamiento estatal. Justo esto sucede con el anuncio hecho por el Ministerio de Trabajo el 26 de diciembre, en el que indica que los empleadores tienen hasta el 15 de enero de 2025 para presentar su planilla de personal fijo. Se trata de un procedimiento anual, acorde con el artículo 15 del reglamento 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo.
Pero, ¿por qué esta es una noticia relevante más allá de los aspectos operativos del sector empleador del país? La cuestión es que, este procedimiento contiene una posible salida a una de las grandes debilidades en torno a la contratación de personas con discapacidad en nuestro país.
De acuerdo a la ley 05-13 sobre derechos de las personas con discapacidad, las empresas del sector privado deben cubrir una cuota mínima de un dos por ciento de su plantilla con la contratación de personal con alguna discapacidad. Este es un aspecto que debió completarse hace años, de acuerdo a lo consignado en la misma ley, pero hasta el momento no se ha logrado.
Ahora bien, el rol de regular el cumplimiento de esta normativa recae en el Consejo Nacional de Discapacidad, cuya presidencia asumió recientemente el señor Benny Metz. Asimismo, el Ministerio de trabajo es una de las instituciones que conforman el CONADIS. Es decir, existe el puente necesario para que las políticas laborales tengan el peso suficiente para impulsar transformaciones que tienen más de una década de retraso.
En este contexto, el registro de la planilla de empleados fijos puede convertirse, con el estímulo conjunto del Ministerio de Trabajo y del CONADIS, en una fuente importante de información sobre la situación laboral de las personas con discapacidad de nuestro país. De este modo, se estaría ofreciendo una respuesta a los hacedores de políticas públicas y a quienes diseñamos proyectos de autonomía para esta población, quienes solemos tener que trabajar con la proyección de datos, debido a que los instrumentos que visibilicen a esta población son muy escasos.
Dicho de otro modo, el registro que ha indicado el Ministerio de Trabajo puede convertirse en uno de los instrumentos de identificación de las empresas que están contratando personal con alguna discapacidad, la cantidad de personas con discapacidad que están en el sector privado con empleos formales y cuál es el alcance de estas a nivel nacional. Si consideramos que hoy por hoy es imposible saber cuál es el grado de participación económica de las personas con discapacidad o qué parte de esta población es económicamente activa, los datos de este registro facilitarían algún tipo de proyección.
Estos datos son necesarios para establecer cuál es el contexto real en el que viven las personas con discapacidad y sus familias. En otras palabras, sirve para determinar el estatus de más de un millón de hogares; a la vez, abre la posibilidad de detectar el grado de involucramiento de los empleadores en el cumplimiento de la normativa del país.
Claro, aquí no se trata de empezar ni una cruzada ni una cacería de brujas contra los empleadores. Más bien se apunta a la concreción de un instrumento que dé luz en torno a posibles próximos pasos.
Y por eso, se trata de un instrumento que debe ser impulsado mediante la articulación con el CONADIS.
El nuevo presidente de la institución ha manifestado más de una vez su interés de impulsar transformaciones profundas en esta dirección, lo mismo el equipo del Ministerio de Trabajo. Bueno, el contexto les pone en posición de empezar con acciones concretas para el nuevo año.
Con un poco de esfuerzo, quizá el 31 de diciembre de 2025, el aporte hecho por el registro de las plantillas de los empleadores contenga la substancia suficiente para encajar en los listados de noticias impactantes del año. Considero que podemos estar de acuerdo como país en que cada instrumento de información debe empezar a visibilizar a todas las poblaciones, de manera que sea posible conocer los contextos de todos los dominicanos y dominicanas, para que las decisiones de Estado respondan directamente a toda la ciudadanía.
Esta puede ser la gran meta del 2025: ampliar los espacios de visibilización de todas las personas. El Ministerio de Trabajo puede adelantar en esta carrera. Feliz año nuevo.
