Los bulos, rumores y conjeturas vienen alimentado cada vez más a una especie de tribunal popular o de “divinidades morales” que se han encargado de condenar a políticos, empresarios y comunicadores, sin importar el daño que esto pueda ocasionar en la reputación de personas de la vida pública que no tienen vínculos con acto alguno de corrupción. Muchos parecen olvidar que es a las instituciones judiciales, a partir del debido proceso y de la elaboración de expedientes bien sustentados, a las que les corresponde investigar, conocer y sancionar las violaciones a las leyes y las inconductas.
Es cierto que el país está viviendo un momento muy complejo por el caso Odebrecht, pero lo recomendable es esperar a que concluyan las investigaciones y se sometan a la justicia a los responsables. No se trata de una espera pasiva. La ciudadanía debe dar seguimiento a la Procuraduría General en la elaboración de los expedientes, de manera que haya garantías de que estarán bien instrumentados. Se debe presionar para que el Procurador cumpla con su palabra de publicar todos los documentos llegados desde Brasil en torno a este caso. Por otro lado, se debe demandar que el Ministerio Público cuente con el apoyo necesario, en términos de recursos humanos, tecnológicos y financieros, para llevar el caso en los tribunales.
La posverdad, tan de moda en estos tiempos, no puede seguir teniendo tanta fuerza en la opinión pública. Más allá de los deseos claramente político-electorales de algunos grupos, se debe aprovechar la actual coyuntura para crear las bases que permitan erradicar la corrupción y la impunidad. Por esta razón, la atención social debería estar centrada en qué harán los jueces con los expedientes que les lleguen a sus manos. Se requiere una fuerte presión social para que no se repitan los tipos de fallos que en el pasado reciente han permitido amparar a los corruptos.
Ya las especulaciones y medias verdades, a través de las redes sociales, han sacado del juego a una jueza responsable y honesta como la magistrada Miriam Germán Brito. Lamentablemente, esta integrante de la SCJ se inhibió en caso de que el expediente de los sobornos llegue a esta instancia. La sociedad debe demandar que esta jueza reconsidere su decisión. En fin, se requiere que los tribunales actúen de manera independiente en el conocimiento del escándalo Odebrecht o de cualquier otro caso de corrupción. El movimiento social deberá enfocarse en demandar que las decisiones judiciales estén apegadas a la Constitución y las leyes y no al interés de un determinado grupo partidario.
