Un paso adelante, un salto hacia atrás

En la vida no andamos rectos, firmes y constantes hacia nuestros objetivos, normalmente vamos en zigzag, a tientas en la oscuridad que nos golpea la cara o, simplemente, damos un paso adelante y otro hacia atrás; otras veces vamos en círculos, como el perro que quiere morderse la cola. Y así, como las personas, a veces andan las instituciones. A esto no escapa nuestro modelo de justicia y, particularmente, la parte penal de ella.

En el plano formal hemos avanzado en la construcción de una cultura de respeto a los derechos, pero aún nuestras prácticas esconden debilidades propias del sistema “legalista”, “formalista” y “conservador” anterior.

Sin dudas, hubo más que un paso, un salto de avance cualitativo con las Medidas Anticipadas para la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, Resolución 1920-2003 (que quienes la denostaban le llamaban el “poema 20”). Y, obviamente, con la ley 76-02, que, en un principio, tenía el apoyo casi total de la comunidad jurídica, antes de ser objeto de permanentes críticas provenientes de sectores conservadores nacionales.

Entre los que criticaban la normativa estaban los que pretendían dirigir la indignación popular hacia una norma, como forma de escapar a su responsabilidad histórica frente a las deficiencias administrativas que arrastramos desde la noche de febrero del 1844, y aún desde antes.

Y, de tanto decirle “Código de Delincuentes”, entre otras falacias, lograron modificarla de manera amplia, para adaptarla a la ola de contrarreforma que movía con fuerza los cimientos que sostienen nuestra débil estructura judicial, en febrero de 2015.

Sin embargo, a pesar de la contrarreforma, que se vendió como la panacea nacional, el proceso sigue siendo lento, conservador, caro y plagado de abusos, irresponsabilidades y componendas. Quizás peor que antes del CPP, pues ahora se disfraza con el transparente ropaje de la normativa. Así, dimos un “salto hacia atrás” con la ley 10-15, la norma cambió, todo cambió, pero “todo sigue igual” (Lampedusa), incluso, tal vez peor que antes.

Obviamente, ya nadie habla mal del Código. No tiene sentido. Ahora todos hablan de la Constitución. Para muchos, espacio abierto a la comunidad de hablantes, para otros, coto cerrado donde solo entran un pequeño círculo de dechados jurídicos. Me inscribo en la primera tesis. La Constitución debemos “vivirla”, para protegerla y colocarla como centro del debate nacional y de la práctica judicial, debe ser tema de todos, no solo de los especialistas.

Entonces, luego de años de distancia entre la práctica penal y la Constitución, ella ocupó, fugazmente, el centro del litigio, pero hoy está, otra vez, distante de los palacios de justicia penales del país, no en la parte teórica y conceptual, sino en la aplicación. Se avanza, pero lentamente.

Por eso, la discusión debe ser de todos, a ver si llega, nuevamente, a oídos de Temis y volvemos a dar, como decía Martí, “con todos y para el bien de todos”, un firme paso adelante y dejamos de intentar “mordernos la cola”, como Ponky, el recordado perrito de Las Mellas.