Nadie duda que el tema de la seguridad ciudadana sea de gran preocupación. Una de las más recientes encuestas políticas (ASISA) da cuenta que un 24% de la población piensa que este es el principal problema del país. Muchas otras, por no decir todas, colocan este tema en puntero lugar.
Mucho se ha dicho, en este mismo espacio, acerca de que los políticos deben hacer conciencia de que este es un tema primordial para cualquier programa de gobierno tomando en cuenta que, todo plan de seguridad ciudadana, debe partir desde la clase gobernante.
Ahora bien, ningún plan será lo suficientemente bueno sino involucra a todos los sectores de la vida política y social. Si en su diseño y puesta en vigor no se involucran a los gobiernos locales y, sobre todo, a los principales grupos de la sociedad civil, quienes deberán comprender que el reto es de todos.
Pero, los políticos deben ser conscientes de que cualquier propuesta tiene que incluir un acuerdo entre todos los sectores de la vida pública dominicana, sin importar el sector o bandera política al que pertenezca; bajo el convencimiento de que este problema no es exclusivo de nadie y que, por tanto, debe procurarse un consenso que asegure la implementación del plan trazado y su continuidad aun cuando, fruto de la alternabilidad democrática, cambien los dirigentes.
El plan que se trace, cualquiera que este sea, deberá incluir propuestas a corto, mediano y largo plazo a desarrollarse totalmente en un período mínimo de 10 años para su completa implementación transcurridos los cuales procede la revisión y ajustes pertinentes.
En menos de un mes estarán definidos los candidatos que, por los principales partidos, deberán competir en el torneo electoral de mayo 2020. Es oportuno el momento para lanzar, entre todos los sectores políticos, la propuesta de un amplio acuerdo en el que se consigne el compromiso de llevar adelante un plan de seguridad nacional consensuado y con el que todos los candidatos y partidos se comprometan antes, durante y después del proceso electoral.
Consciente de que la tranquilidad no es responsabilidad exclusiva de las autoridades y de que gobernantes y gobernados debemos aunar esfuerzos en pos de tan importante objetivo, ojalá que alguna organización de la sociedad civil tome como bandera esta propuesta y encabece los esfuerzos para la construcción de este necesario consenso.
