República Dominicana está en un proceso de eliminación y fusión de entidades gubernamentales, gracias a la firme decisión del presidente Luis Abinader y de su equipo de ahorrar costos.
Dentro de esa buena iniciativa debería incluirse la creación del Ministerio de Tránsito y Transporte para centralizar todo lo relativo a ese tema y disminuir el uso de recursos en compra y mantenimiento de vehículos, entre otras necesidades, como ya se ha hecho en El Salvador y en otros países similares a República Dominicana.
Ese Ministerio agruparía todas las instituciones con funciones para la regulación del tránsito, transporte, uso de vehículos públicos y sus derivados, entre ellas: El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Fidecomiso RD Vial y el Cuerpo Especializado de Control de Combustible.
Pero además de centralizar todas las funciones dispersas del Gobierno en materia de tránsito y transporte, se encargaría de la compra, control y mantenimiento de todos los vehículos utilizados por las instituciones del Gobierno, incluyendo los de otros ministerios.
Asimismo, ese Ministerio tendría sus propios talleres para el mantenimiento y reparación de los vehículos del Gobierno, lo cual garantizaría un mayor tiempo de vida a las unidades y la reducción o desaparición de los “cementerios de automóviles”, donde algunos reposan y se deterioran más por cualquier detallito.
La adquisición masiva de vehículos y repuestos pueden asegurar una reducción de costo al Gobierno, debido a que a mayor cantidad se puede negociar un mejor precio, así como también en las reparaciones de las unidades, que suelen salir “muy costosas”.
Desde ese Ministerio, además, se planificarían y ejecutarían todos los proyectos e iniciativas para disminuir los tapones en las grandes ciudades, provocados, principalmente, por la gran cantidad de vehículos que circulan por nuestras vías. Aquí está la propuesta, que puede ser tomada en cuenta para hacerla realidad a mediano o largo plazo, por el bien común.