Un cuestionado desempeño

El pasado año la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), provocó luego de reclamos que fuera cancelado el Convenio número C-0156/2024, firmado el 15 de agosto del 2024 con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Este acuerdo tenía como propósito brindar asistencia técnica especializada en la evaluación de desempeño del docente 2024-2025, sin embargo, la ADP se opuso tajantemente que una institución internacional, de alguna manera, contribuyera al desarrollo eficiente del proceso de evaluación de sus gremiados.

Tras este impasse y la presión del gremio, la evaluación del desempeño docente ha vuelto a cobrar forma y ya el Minerd anunció fecha y procedimiento.

En el mes de abril, más de 120 mil profesores deberán someterse al escrutinio y sacar por lo menos 70 puntos para calificar a un aumento de los incentivos económicos. Lo que se pensó sería una noticia positiva, ha sido todo lo apuesto.

A este anuncio Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP ha respondido con una “contrapropuesta” exigiendo que en lugar de 70 puntos, se elimine lo que señalan como una traba con el límite de calificación para el incentivo y que en su lugar sea a partir de 65 puntos que se entregue dicho aumento.
“La evaluación debe ser formativa, no punitiva, para sancionar y penalizar, es para formar y mejorar el sistema”, sostiene la ADP.

Viendo desde fuera la situación, tan sólo leer la contrapropuesta evidencia que la calidad del magisterio en República Dominicana está en “emergencia”.

Pensar que no serían capaces de pasar una evaluación con un mínimo de 70 es corroborar lo que por años hemos sabido, de que la formación de los docentes, es también un factor decisivo a la hora de hablar de calidad en la educación.

El ministro Ángel Hernández, debe mantener su propuesta y los profesores deben entender que si quieren aumento e incentivos deben ganárselo. Y que si se tratara de un regalo, entonces no tendría sentido evaluar el desempeño.

No obstante, la contrapropuesta del gremio debe ser considerada como un irrespeto al propio pueblo, a la comunidad educativa en general y al Gobierno de turno, que ha tratado de entender sus reclamos, que se concentran en la mayoría de las veces, única y exclusivamente en mejoras económicas, sin que eso implique un compromiso mayor con un derecho fundamental como la educación. Así, no se hace Patria.