En las últimas semanas he registrado una reacción en medios de comunicación, más notable en impresos que también tienen ediciones digitales, sobre la funesta contaminación del escenario digital, en redes muy populares y otras plataformas, donde abunda la información falsa e iniciativas que intentan destruir la honra y buena imagen de personas de todos los estratos sociales y profesionales. También ocurre en el mundo del turismo.
En febrero pasado el diario El Día reaccionó con un editorial donde denuncia la existencia de “parásitos que se alimentan de la ignorancia” y “representan una grave amenaza”. Asegura que el periodismo “está siendo asediado por los mercenarios de la desinformación”, dispuestos a “causar cualquier tipo de daño”.
Plantea que el problema es que “estos impostores se presentan como periodistas”, aunque no lo son, “carecen de la formación ética”, y están contribuyendo al deterioro y degradación de la profesión.
Diario Libre inició una campaña que pregunta: “¿Cómo sabes que puedes confiar en las noticias que recibes? Hay mucha información que no tiene un compromiso con la verdad. Educarse sobre cómo discernir entre una noticia falsa y una real es el primer paso para combatir la desinformación”. En otra página cuestiona la frase común en usuarios de redes: “Lo mandaron por un grupo”, y advierte que esto “No es suficiente”. A continuación afirma: “La verdad es nuestro sello”. El diario Hoy también inició una campaña, que mantiene, basada en la frase: “Crea tu opinión informado desde la verdad”.
Comparto las interrogantes y preocupación por el futuro del periodismo. Creo además, como plantea El Día, que “El periodismo debe rescatar al periodismo”, pero prefiero usar, porque es más completa: “Solo el buen periodismo puede fortalecer el periodismo”. Es el único remedio eficaz para enfrentar la degradación que provoca el asalto de los impostores y la falta de ética que gana espacio en las filas del periodismo profesional.
Mientras, es importante que los agraviados acudan a la ley 53-07, aprobada en el 2007, que establece que la difamación e injuria en una plataforma digital, es un “delito de alta tecnología”, que define así: “Delito de Alta Tecnología: Aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información. Se entenderán comprendidos dentro de esta definición” los delitos indicados en los siguientes artículos:
Artículo 21.- Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Artículo 22.- Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
La Constitución en el artículo 44 dice: “Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”. En este caso es la Ley sobre Delitos de Alta Tecnología.