Las protestas de miles de jóvenes dominicanos inducidas por la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, deben llenarnos de optimismo sobre el futuro de la nación. Utilizando las redes sociales como plataforma para la convocatoria, han reclamado elecciones transparentes en las cuáles se respete el derecho que tiene cada dominicano de votar por el candidato de su preferencia. Los miembros de la JCE, al comprobar que el respeto a ese derecho no se estaba garantizando en las mesas de 18 municipios que operaban con el voto electrónico, decidieron posponer las elecciones municipales pautadas para ese día.
Las protestas han sido pacíficas, festivas y contagiosas. El que no ha asistido a la Plaza de la Bandera y registrado su presencia subiendo una foto en Facebook, Instagram o Twitter, no existe.
Nuestros jóvenes han podido expresar libremente sus ideas y deseos. No importa que uno esté o no de acuerdo con absolutamente todo lo que han exigido y propuesto. Lo que importa es que nuestros jóvenes, como diría Albert O. Hirschman, el autor de Salida, Voz y Lealtad, han utilizado su voz para protestar por algo que estuvo mal y requiere ser corregido. Y mientras lo han hecho, nos han dado una trascendental lección de civismo que ojalá termine contagiándonos a todos: luego de utilizar pacíficamente un espacio público, antes de marcharse a sus casas, recogen todos los desechos sólidos y los introducen en fundas para facilitar la recolección a las empresas que prestan el servicio de recogida de basura a la Alcaldía del Distrito Nacional. Mientras los jóvenes chilenos, quienes obtuvieron las mejores calificaciones de la región en las pruebas PISA 2018, convirtieron a Santiago de Chile en un basurero y geografía de escombros, los nuestros, que obtuvieron las peores, han dado una lección de civismo a todos los jóvenes de la región.
El principal reclamo, el de una investigación independiente, está en proceso de ser atendido con la aceptación de la OEA de encabezar el proceso, posiblemente con la participación adicional de IFES y UNIORE. Desconocemos cuanto tiempo tomará a la OEA producir su informe. En el ínterin, los partidos deben concentrar sus esfuerzos en motivar la asistencia a las urnas el próximo 15 de marzo, educar a los votantes sobre cómo deben marcar las boletas para minimizar los votos nulos y a recordar que, posiblemente, la emisión de los resultados no será tan rápida como la que observamos con el uso de voto electrónico en las elecciones internas de los partidos celebradas el pasado 6 de octubre.
Es importante también que, a los votantes, especialmente a miles de jóvenes que probablemente ejercerán por primera vez el derecho al voto, se les ofrezcan informaciones sobre cómo operan, actualmente, nuestras alcaldías, específicamente, como se nutren y cuantos ingresos reciben, y que uso deberían darle a los mismos. Mientras más información dispongan, más edificados estarán para ejercer el derecho al voto para elegir 158 alcaldes municipales, 235 Directores de Distritos Municipales y 3,456 vicealcaldes, subdirectores, regidores y suplentes de regidores.
Cuando votamos por un candidato a alcalde debemos estar seguros que estamos eligiendo la mejor opción para desempeñarse como principal responsable para dirigir desde la alcaldía el cobro de los impuestos, derechos, tarifas, tasas, compensaciones, arrendamientos, multas, recargos y, en algunos casos, intereses indemnizatorios por los servicios de recogida de desechos sólidos; daños al medio ambiente y las vías públicas; circulación de vehículos de motor; venta condicionales de muebles; operaciones inmobiliarias; 3% sobre el pago de facturación eléctrica; comercialización de artículos diversos; uso de aparatos reproductores de música diversos; beneficio de explotación minera; solares no edificados; terrenos no urbanizados; uso de edificios municipales previa solicitud y aprobación; colocación de anuncios, letreros muestras y carteles; rodaje y transporte de materiales varios; uso de hoteles, moteles, aparta-hoteles y establecimientos similares; certificación de animales; traspaso de solares y terrenos rurales; operación de mercado móvil (chimichurri, hot dog y otros); autorización para poda y corte de árboles; registro y organización de sindicatos de choferes; instalación y funcionamiento de car wash; parqueos; tramitación y registro de documentos; lidia de gallos; espectáculos públicos con y sin boleta de entradas; licencias de construcción; permisos de construcción pozos filtrantes; permiso para romper pavimento de la vía pública; instalación de envasadora de gas y estaciones de combustibles; ocupación vías públicas para comercio informal; permiso de ocupar vía pública con material de construcción; permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías; permiso para construcción, instalación y operación de mercados; construcción de nichos, fosas y panteones en cementerios; construcción de rampas con exceso de metros lineales; licencia para instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones; permiso de demolición de construcciones; paradas de autobuses y parqueos; saneamiento ambiental; expedición de tablillas para vehículos de tracción animal-muscular; permisos de instalación de plantas de energía eléctrica de 100 a 500 KWA; colocación de postes empresas de servicios públicos; realización de ferias en la vía pública; defunción; declaración tardía de nacimiento; fijación de residencia; selectivo a empresas de cable (RD$ por abonado); apertura de negocios en función del tamaño; cadenas de supermercado y tiendas por departamento; salones de belleza, centro de masajes, de uñas y afines; cafeterías y negocios afines; carnicerías, mataderos, carnicerías-proventos; confección de contrato legal por arrendamiento de terrenos en cementerios; y finalmente, el impuesto a la vagancia de animales en la vía pública, con penalidad si es apresado por segunda y tercera vez, y dependiendo de si el vago es una vaca, un chivo, cerdo, caballo, burro o mulo, el cual tiene como contribuyente al amarrador del animal en estado de vagancia. Antes de marcar el candidato de su preferencia, medite cuidadosamente y decida si ese es el que reúne las mejores condiciones y capacidades para dirigir el cobro de cerca de 50 impuestos, derechos, tarifas, tasas, compensaciones, arrendamientos, multas, recargos e intereses indemnizatorios que nutren a nuestras alcaldías.
En el 2018, se presupuestó que estas fuentes de recaudación iban a generar RD$5,771.5 millones. Las recaudaciones apenas llegaron a RD$4,420.9 millones. Este enorme archipiélago de impuestos y demás figuras cuasi-tributarias recaudadas por casi 400 gobiernos municipales y distritos municipales, apenas representaron el 0.1% del PIB. La mayor parte de los recursos que manejaron las alcaldías fueron aportadas por el Gobierno Central en forma de transferencias corrientes y de capital, las cuáles totalizaron, RD$14,107.7 millones, equivalente a 0.33% del PIB. En total, las alcaldías del país recibieron, en el 2018, ingresos por RD$18,716.5 millones o 0.44% del PIB.
Con tan pocos recursos no debemos pretender que nuestros pobres alcaldes, esos que vamos a llevar al patíbulo, perdón, a elegir el próximo 15 de marzo, podrán hacer gran cosa. La mayoría fracasarán. Vote por el que más crea en lo narrado por Mateo, el Apóstol, en el capítulo 14, versículos 13 a 21. Con 0.44% del PIB no es posible que los 395 alcaldes y directores de distritos municipales que elegiremos en pocos días, puedan garantizarnos ciudades limpias de basura, con vertederos modernos para el manejo de los desechos sólidos, totalmente iluminadas para desincentivar la delincuencia, libres de la contaminación visual de las telarañas de cables eléctricos y telefónicos que nos arropan, y con sistemas de drenaje y alcantarillado que permitan que la ciudad funcione adecuadamente cuando llueve. ¿A cuánto ascienden los ingresos de las alcaldías de la región? En el 2017, los 8 países incluidos en el Panorama Fiscal de América Latina 2019 que publica la CEPAL, tuvieron ingresos promedio de 6.1% del PIB (Brasil, 11.5%, Costa Rica 10.1%, Chile 8.8%, México 8.8%, Colombia 3.8%, Uruguay 2.9%, Perú 2.0% y Ecuador 1.2%). Aparentemente, nosotros aspiramos que nuestros alcaldes, con 0.44%, hagan el milagro de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces narrada por Mateo.
Nuestras alcaldías necesitan más recursos y mejores capacidades para administrarlos eficientemente. Nuestros jóvenes deberían incluir en su agenda de reclamos que el Gobierno Central, en una próxima reforma tributaria, traspase a las alcaldías la recaudación del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) que pagan las personas físicas, como sucede en la mayoría de los países de la región. Este impuesto, ajustando los precios al 80% del valor de mercado de las propiedades y eliminando las exenciones que benefician a los propietarios de segundas viviendas o villas vacacionales en polos turísticos, generaría ingresos anuales equivalentes 0.2% del PIB.
Podemos protestar y exigir. Debemos votar. Pero si nos limitamos a eso y no aceptamos que para vivir en ciudades limpias, seguras y confortables hay que pagar para que nuestras alcaldías puedan ofrecer los servicios de primer mundo a los que aspiramos, habremos perdido energías y tiempo. Si no pagamos, erosionamos la calidad moral que creemos tener para señalar que nuestros alcaldes mal utilizan o desvían recursos que no hemos pagado. Paguemos y exijamos. Y si queremos que el Gobierno Central aporte más, digámosle a nuestros padres y amigos que hay que irse olvidando de las exenciones tributarias que han disfrutado durante décadas.
