Tema haitiano: entre legalidad y realidad

El tema migratorio en la República Dominicana es un rompecabezas que despierta pasiones, pero que debe analizarse desde la razón. La presencia de miles de haitianos en situación irregular, la presión sobre los servicios públicos y la cuestión de la seguridad nacional exigen soluciones dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio?

No se puede ignorar la carga que supone para el sistema de salud la atención a parturientas extranjeras sin documentos. Un alto número de los partos en hospitales públicos corresponden a mujeres haitianas, y en los pueblos fronterizos es mayor. Esto no es un problema de xenofobia ni de insensibilidad, sino de sostenibilidad. Todo Estado tiene el derecho —y el deber— de administrar sus recursos en función de sus ciudadanos y de controlar su territorio.

Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a la represión o a la deportación masiva. El desorden migratorio no es solo culpa del migrante que cruza la frontera, sino también de quienes permiten su permanencia ilegal con empleos informales, documentos fraudulentos o políticas erráticas. Corregir estos entuertos implica voluntad política y acción efectiva en varios frentes.

Primero, fortalecer los controles fronterizos, no solo con muros o tecnología, sino con instituciones eficaces y personal capacitado que no caiga en la corrupción. Segundo, aplicar de manera estricta la ley de migración, garantizando que las empresas que emplean extranjeros ilegales enfrenten sanciones reales. No se trata solo de deportar, sino de desincentivar la contratación irregular.

Tercero, revisar los acuerdos y compromisos internacionales. República Dominicana no puede asumir sola la crisis haitiana, ni ser el único hospital de la isla. Es necesario exigir mayor compromiso de organismos internacionales para que la asistencia se enfoque en Haití y no en el territorio dominicano.

Cuarto, una política de regularización clara y justa. No se puede normalizar la ilegalidad ni fomentar que quien cruce la frontera sin papeles termine recibiendo derechos adquiridos con el tiempo. Pero también es cierto que muchos haitianos que ya residen en el país trabajan y contribuyen, deben contar con un mecanismo transparente para su estatus migratorio.

Finalmente, es fundamental el discurso. Defender la soberanía y el orden no es ser inhumano. Exigir respeto a las leyes no es racismo. Una nación sin control de su territorio y sin claridad en su política migratoria pone en riesgo su futuro. La solución no es cerrar los ojos ni endurecer el corazón, sino aplicar la ley con inteligencia, firmeza y dignidad.

El Gobierno dominicano anunció la implementación de 15 medidas sobre el tema migratorio haitiano que parecen correctas, que incluyen desde el reforzamiento de la seguridad en la frontera, con aumento de la presencia militar, el ataque al tráfico de personas, con propuestas normativas, hasta la necesaria transformación tecnológica para ayudar al sector.

Como ayuda, todos debemos ser veedores de la rápida y correcta implementación de estos puntos.
Porque, al final, la mejor manera de ayudar a Haití no es desordenar a República Dominicana, sino promover que su desarrollo ocurra dentro de sus propias fronteras.
¡He dicho!