Estratégicamente derrotada la campaña internacional destinada a aislar y derrocar, a como diese lugar, al gobierno del presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos da un paso atrás, anunciando, a través de terceros, como es el Grupo de Lima, la necesidad de diálogos y referendos monitoreados por la Organización de Naciones Unidas. La propuesta, en el seno de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de este bloque de países afines a su hasta hoy agresiva política contra el pueblo y gobierno soberano de ese hermano país, fue formulada por Roberto Álvarez, canciller dominicano.
A primera vista la propuesta es positiva. Es por lo que viene abogando, desde el inicio de la crisis, el presidente constitucional y democráticamente electo de Venezuela. Es contra lo cual se han pronunciado, hasta hoy la derecha venezolana, sus aliados y, en primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos, quienes apostaron por las guarimbas, los golpes de Estado, la subversión terrorista, los bloqueos inhumanos e inmorales, especialmente en tiempos de pandemia, y el descarado saqueo de los recursos del pueblo venezolano depositado en bancos del extranjero. Contra esa propuesta, enarbolada una y otra vez por un gobierno y una fuerza política que ha vencido, democráticamente, 22 veces en las urnas, en elecciones y referéndums, archivando solo dos derrotas, es que se dirigió la burda jugada de reconocer y promover a un personaje como Juan Guaidó, auto titulado “presidente de Venezuela”.
El gobierno de Estados Unidos, la propuesta del canciller dominicano, y la nueva posición del Grupo de Lima, evidencian un cambio pragmático de política hacia Venezuela, no de fondo, sino de forma. Derrotada la vía violenta, estabilizado el país, en descrédito definitivo el proyecto Guaidó, ahondadas las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados, con una correlación de fuerzas desfavorable a la vía expedita de cambio de régimen, creen que ha llegado el momento de lograr su objetivo por otros medios, que fue, ha sido y será, desplazar del poder al pueblo venezolano y devolver la conducción del país, y especialmente de sus recursos naturales, a la oligarquía venezolana, repetidamente derrotada en el terreno político.
Ni el pueblo, ni el gobierno bolivariano han estado nunca cerrados al diálogo y a las soluciones pacíficas y democráticas para la solución de los problemas de esa nación, solo han exigido, exigen y exigirán, que sea con absoluto respeto de la independencia y soberanía de la nación y en el marco de la Constitución vigente. Y para ello, lo que se haga, es prerrogativa y decisión de ese mismo pueblo, en cuyo nombre nadie tiene el derecho de hablar.
¿Por qué, en su propuesta, el canciller dominicano parte de la presunción tendenciosa de que los venezolanos quieren un gobierno de transición, o lo que es lo mismo, que no apoyan al gobierno en funciones, si este ha demostrado que solo con su apoyo decidido ha podido resistir la brutal arremetida orquestada en su contra? ¿De dónde saca el canciller dominicano que su propuesta va encaminada a construir un “canal directo de participación”, cuando este canal existe, la Constitución Bolivariana de Venezuela lo estipula, el gobierno nunca ha estado remiso a utilizarlo y ha invitado siempre, a numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, a ser observadoras de su implementación? ¿De qué fuentes de información dispone el canciller dominicano como para asegurar palmariamente, como lo hace en su propuesta, que “…no están creadas las condiciones para un simple proceso electoral debido a la falta de confianza entre los actores políticos”? Aparente defensora de los consensos, ¿por qué la propuesta del canciller dominicano no menciona a la Unión Europea, que se ha mostrado dispuesta a contribuir a la paz de la región, y mucho menos al Grupo de Puebla, que a diferencia del Grupo de Lima, no jugó la carta marcada del “presidente Guaidó”, y se ha opuesto al intervencionismo foráneo en la crisis venezolana?
La propuesta del canciller dominicano, o presentada por su conducto, debería comenzar por ser humilde, y no hablar a nombre del pueblo venezolano, a quien no representa. Debería de decir, alto y claro, que el gobierno constitucional y electo de Venezuela, es el interlocutor válido en cualquier diálogo que se establezca, y no la ficción risible del “presidente Guaidó”. Y lo más importante: debe expresar, sin ambigüedades ni subterfugios, que todo diálogo, todo referéndum, toda elección que se celebre en Venezuela es cuestión que solo atañe a su pueblo; que no puede haber en ese proceso la menor interferencia extranjera, ningún intento encubierto de torcer la voluntad popular o desconocerla, ningún derecho desde el exterior a financiar fuerzas políticas y mercenarias, ni influir de ninguna forma sobre los electores. ¿Puede garantizarlo el canciller dominicano? ¿Prevee su propuesta estas cuestiones de primerísima importancia?
Saludamos que el canciller dominicano haya reconocido en su propuesta que “…sin una pronta solución democrática (en Venezuela) nos jugamos la paz en el hemisferio”. Por supuesto que sí. Pero no puede ser una paz unilateral, ni lesiva a los intereses, la opinión, la dignidad y el derecho soberano de los venezolanos a decidir su destino y adoptar el sistema de gobierno que mejor represente a las mayorías y garantice la justicia social… no el que acomode a las élites oligárquicas, ni a los intereses hegemónicos foráneos.
Que hablen los venezolanos sobre el futuro de Venezuela.
Y por cierto, canciller: ¿por qué no hace la misma propuesta en los casos boliviano, colombiano y chileno? Se agradecería.
