En el marco del establecimiento de relaciones diplomáticas con China y la firma de varios acuerdos entre dicho país y República Dominicana se anunció, sin muchos detalles, que el nuevo socio haría una contribución a la expansión del sistema nacional de emergencia 911.
No estaba claro en qué consistía ese plan de expansión del ya exitoso sistema hasta que, en el día de ayer se supo, gracias a un tweet del senador estadounidense republicano Marco Rubio, de qué se trata todo esto: El uso de miles de cámaras de vigilancia con un software de reconocimiento facial que de hecho se ha estado probando desde hace 7 meses en un piloto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Este software de origen chino se utiliza en la actualidad en 36 países del mundo, y aunque la mayoría son asiáticos, en América Latina se estrenó hace 4 años en Ecuador y luego se sumaron otros países como Argentina y Paraguay. En todos ha sido objeto de controversias y grandes debates sobre la frontera entre la seguridad y la privacidad de las personas.
De hecho en Ecuador, donde se instalaron 4300 cámaras con ese sistema y 16 centros de monitoreo, una investigación publicada por el periódico New York Times confirmó que la información recolectada por el software en cuestión terminó en manos de los organismos de inteligencia con fines espúreos.
Por otro lado, el argumento de que la cesión de una parte de la vida privada de la gente se requiere a cambio de más protección se ha quedado flojo, toda vez que en los países latinoamericanos en los que ha funcionado por años la delincuencia no ha bajado.
Además, la tecnología usada no es perfecta y en muchos lugares ha presentado importantes fallas. Por ejemplo, en Gales, en mayo del año pasado, la Policía quiso probar el sistema de detección facial en un partido de fútbol y el resultado fue desastroso: 92% de falsos positivos, es decir que 9 de cada 10 personas podrían ser detenidas por error.
Es cierto que quien nada oculta, nada teme, pero de la vida de las personas sólo se debe saber lo necesario y lo que permitan, sin llegar a que, usando el control mediante la tecnología, se llegue al espionaje y la enajenación continua de derechos fundamentales.
