Diversos sectores de la sociedad dominicana han expresado abiertamente sus quejas en estos últimos días respecto al sistema judicial del país. Desde asociaciones empresariales, ONG y comunicadores hasta legisladores y algunos funcionarios han manifestado una gran preocupación por la desconfianza de la población en la impartición de justicia en República Dominicana y algunos incluso han utilizado duros calificativos para referirse a los jueces.
Y si bien estas declaraciones tienen sólidos fundamentos y lógicas justificaciones, resulta paradójico que muchos de estos grupos brillaron por su ausencia en los meses del 2010 y 2011 en que se estuvieron discutiendo temas tan esenciales de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como su composición, de la cual depende de forma casi absoluta el potencial de independencia e imparcialidad de los elegidos.
De hecho, unos cuantos de los que hoy hacen cuestionamientos fueron cómplices de la forma burda en que se decidieron, atendiendo a intereses y favores políticos, quiénes conformarían las altas cortes de un país cuyo sistema es completamente vertical, y para nadie es secreto que más de las tres cuartas partes de los que fueron seleccionados por el CNM responden a los deseos del pasado Presidente del país y del Consejo.
Como la fiebre no está en la sábana, poco se resuelve hoy con cuestionar algo que nació dañado y cuyo saneamiento depende únicamente de su destitución. Si no se corrige el problema desde la raíz cambiando la manera en que está conformado el órgano hoy eminentemente político que elige los jueces, aunque eventualmente el partido en control pueda cambiar dependiendo de la correlación de fuerzas en un momento determinado, el problema de esta camaleónica y oportunista cabeza del Poder Judicial seguirá siendo el mismo.
Por tales motivos, si no se trata únicamente de una estrategia mediática para hacer ruido, si hay una intención real de mejorar el sistema judicial dominicano, lo más aterrizado y pragmático que pueden hacer los grupos interesados en esto es provocar una reforma conducente a variar la composición del CNM para ampliar su radio de acción, sacarlo un poco de los partidos y con esto tratar de lograr una justicia menos dependiente y menos politizada. Lo demás es discurso, razonable y bien estructurado, pero un poco demagogo y populista porque en realidad no conduce a resultados palpables.
