La situación actual en materia de competitividad en la República Dominicana, aunque ha experimentado ligeras mejorías de acuerdo a numerosos indicadores de organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, aún no es del todo lo mejor que podría ser.
Nuestro país tiene un impresionante potencial para la expansión de sus sectores productivos y para atraer inversión extranjera y local de importancia, pero existen barreras y trabas burocráticas que impiden el aprovechamiento de dicho potencial y por ello no estamos aún lo suficientemente cerca de alcanzar las metas más importantes del adecuado desarrollo.
Largos y plazos de espera, exceso de pasos en los procesos de gestión de permisos y licencias en la Administración pública, exigencias de sobreprecios por parte de algunos servidores públicos, negligencia del capital humano, entre otras cosas similares, son sólo algunos de los obstáculos que empresarios locales y extranjeros deben enfrentar en ocasiones en nuestro país, lo que evidentemente desincentiva la inversión, la innovación y la actitud emprendedora.
Es por esto que resultaría de gran relevancia que los distintos sectores puedan sentarse en una mesa de diálogo y lograr un consenso en un tema en el cual, paradójicamente, priorizar de manera combinada ciertos intereses particulares podría al final resultar en beneficio del interés colectivo.
En diversos escenarios líderes políticos y empresariales, representantes de distintos grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y expertos interesados han planteado propuestas de políticas públicas que merecen ser analizadas. Iniciativas destinadas a eliminar las barreras señaladas, crear un clima adecuado para una libre competencia en condiciones de igualdad, propiciar la capacitación del material humano, estimular la creación de empleos y entre otras cosas mejorar la competitividad de la República Dominicana.
Un trabajo técnico serio, fundamentado en investigaciones sobre el tema y un análisis situacional para llegar a las sugerencias más atinadas a fin de dar solución rápida y efectiva a los problemas podría conducir incluso a nuevas piezas legislativas como, por ejemplo, una Ley de Respuesta Rápida que procure sanciones positivas para el habitual silencio administrativo que caracteriza muchas oficinas gubernamentales y así agilizar los procesos, la eliminación de pasos que abultan innecesariamente muchos procedimientos, la elaboración de garantías de estabilidad para reforzar las reglas de juego y un gabinete de inversión para dar seguimiento al cumplimiento cabal de todo lo anterior.
La competitividad es trascendental para el desarrollo. El tema merece esfuerzos y cuidadosa atención.
