Hay varios grupos pidiendo al Presidente electo reducir la nómina estatal y los salarios presuntamente abultados de los funcionarios públicos en nuestro país. Hablan de hipertrofia, de excesos y piden al Presidente hacer reducciones al mismo tiempo que exigen seriedad.
Para abordar el tema de una manera objetiva y sin pasiones, sería muy útil hacer una comparación de los sueldos promedio del sector privado dominicano en cargos con atribuciones parecidas y así poder hablar de ajustes y disparidades, sin dejar de lado que la responsabilidad es mucho mayor para los servidores públicos por el impacto colectivo de las decisiones que toman, por lo que en muchos casos deberían tener mayores incentivos económicos que sus homólogos en el área privada.
También, es imprescindible que el fundamento para determinar lo que debe ganar un funcionario público por su trabajo radique en la importancia y el grado técnico de las labores que debe realizar, y debe ser lo suficientemente atractivo como para disuadir potenciales deseos, propios de la naturaleza humana o de los estados de necesidad, de aceptar sobornos y dádivas o, en el mejor de los casos, la fuga de buenos cerebros hacia el sector empresarial.
Pedir recortes salariales en la administración pública sin hacer un análisis profundo que desglose las funciones puntuales de cada cargo responde a un neopopulismo cargado de emociones y necesitado de racionalidad y sensatez, pues de llevarse esto a cabo a cabo para ceder antes presiones podría generar involuciones en oficinas públicas que han progresado.
El argumento, por ejemplo, de que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente de la República puede ser popular pero escapa de la lógica. La Presidencia es un cargo político que no requiere el nivel técnico y de expertico de otros cargos como la Gobernación del Banco Central y que por tales requisitos debe ser compensado en su justa medida.
Más pertinente que un recorte de salarios públicos puede ser revisar cuáles cargos son innecesarios y percibir un ahorro como consecuencia de su eliminación, lo que se logra simplemente cumpliendo con leyes vigentes como las leyes que crean los Ministerios y que establecen números máximos de Viceministros y otros puestos.
Si el propósito es realmente corregir un problema no deben ni el Presidente ni el Congreso Nacional dejarse sugestionar para tomar decisiones rápidas y probablemente desacertadas sobre este tema, sino que debe ser un pie de amigo para la generación de un importante debate, sosegado y objetivo, de la actual estructura salarial en el país.
