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Orlando Jorge Mera fue un ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales muy activo y presente, y en su breve paso por la posición mostró una gran comprensión de la importancia del turismo para nuestra economía y del rol que debía asumir ese ministerio en temas relacionados con esta actividad. Al hacerlo asumía desde su área la importancia que le asigna a este sector el presidente Luis Abinader en su estrategia para desencallar la economía y el país del mal momento provocado por la pandemia. No me sumo a la extendida práctica de reconocer a las personas cuando ya no están. Antes he escrito sobre el trabajo de Orlando, que como principales herencias para el sector turismo que nos deja, su presencia en el ministerio, están su dedicación a rescatar importantes áreas protegidas, y con un mayor impacto directo, su decisión de librar de ocupantes, construcciones y actividades ilegales importantes playas y recursos naturales de diversas regiones para devolverles su uso turístico.
En el caso de la ocupación ilegal de áreas turísticas, su accionar también se identificaba con la decisión del presidente Abinader de aplicar una política de cero tolerancia a las invasiones de terrenos de propiedad pública o privada, organizada por grupos, bandas o actores individuales.
En su accionar en este campo Orlando tuvo apoyo ilimitado del Ministerio de Defensa y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) uno de sus cuerpos especializado, integrado por militares de los diferentes instituciones armadas, dirigido por el coronel del Ejército Ambiórix Cepeda Hernández, un oficial académico reconocido por su rectitud.
Orlando asumió el rescate de importantes áreas turísticas en el litoral Norte y Este principalmente. Sus acciones sacaron del infierno mil demonios. Por un lado el populismo que justifica la expropiación que dirigen comerciantes de gran vuelo disfrazado o poniendo al frente a “padres de familia” que reclaman el derecho a tener una parte del “botín” y su condición –pocas veces verdadera- de militantes que “se fajaron en la campaña”.
Pero también, de encumbrados dirigentes del oficialismo y hasta algún ministro, que han protagonizado intervenciones vergonzosas apoyando operativos de ocupación ilegal, que en realidad son esquemas de chantaje, que con apoyo en tribunales y otras instancias del sistema judicial, extienden por muchos años la ocupación ilegal de propiedades y exigen el pago de fortunas a los verdaderos propietarios, para desocupar terrenos y playas y dar paso a proyectos de desarrollo. ¿Seguridad jurídica? No, vergüenza jurídica, de la putrefacta judicatura que hemos heredado. Los principales rescate de playas del SEMPA decididos por Orlando son: Operación Tramayo en todo el litoral sur; Operación Arena Gorda, (Punta Cana) para desaojar un mercado con numerosas casuchas, de los 60 metros de la pleamar (área protegida); Operación Mone Río (Azua), fueron desaojados restaurantes de los 60 metros de la pleamar; Operación El Valle (Samaná) para desalojar varios restaurantes de los 60 metros de la pleamar; y Plan de Acción (Isla Saona) para limpiar la playa de botellas y vidrio. También Cabeza de Toro (Punta Cana) donde fue desalojada una destartalada plaza comercial de los 60 metros que contaminaba el manglar vecino.
Esos comerciantes no encontraron padrino, pero otros dos personajes con edificaciones no autorizadas en los 60 metros, fueron dichosos. Uno de sus abogados es asesor de un importante ministerio. Siguen allí paralizando un proyecto de 7 hoteles. El rescate de playas iniciado por Orlando debe continuar, igual que los parques nacionales.
