Reforma fiscal y servicios públicos

Como suele ocurrir cada 4 años, luego de las elecciones en la República Dominicana se habla de la necesidad imperiosa de hacer una reforma fiscal, siempre después de las elecciones por el peso que tiene tanto para el partido de gobierno como para la oposición anunciar a la población, a la cual están pidiendo su voto, que les van a subir los impuestos.

Podemos coincidir en que la población, de forma general, se opone o le preocupa el aumento de los impuestos, este es uno de los temas que siempre va a generar la atención ciudadana en el momento y situación que sea. Esta no es la excepción, casi con el anuncio del ganador de los comicios de mayo de este año se adelantaba la necesidad de una reforma fiscal.

Dado el anuncio y conocedores de que el partido de gobierno cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso que le permitiría pasar sin mayores dificultades la “imperiosa” reforma fiscal, parecería que la atención se centra en dónde pellizcar, qué rubros son los más apetecibles para cargar impositivamente, para aumentar los impuestos ya existentes o, en menor medida, que exenciones se pueden eliminar.

Al margen de que no se anteponga, como debería, la necesidad de mejorar las recaudaciones con la base impositiva ya existente o de reducir la informalidad de tantos sectores productivos y batallar con los niveles de evasión, nos interesa centrar el debate también en lo que se gravará y su impacto social, nos toca analizar también el para qué de esta reforma fiscal, en qué rubros se usará lo que se pretende recaudar, qué aspectos de nuestra sociedad mejorará, cuáles déficits se cubrirán.

Se le atribuye al extinto magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos Oliver Wendell Holmes Jr la frase: “Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, sin embargo tenemos que preguntarnos en qué sociedad vivimos, bajo qué condiciones lo hacemos y si para eso pagamos los impuestos.

Esto nos lleva a la segunda parte del título de este artículo, los servicios públicos. Quizás en ningún momento de nuestra historia democrática podamos decir que los servicios públicos responden efectivamente a las reglas de oro de Durand, nunca han contado, a la vez, con calidad, continuidad y universalidad, pero la situación de crisis actual es francamente preocupante.

La reforma fiscal que se aplicará es para que continuemos teniendo un transporte público ineficiente, carreteras que nos provocan más accidentes que soluciones de comunicación, un servicio de salud abiertamente ineficaz, una educación en franco deterioro, un servicio de electricidad que parece remontarse a la oscuridad, literalmente, de hace unos años, la recogida y disposición de los desechos, los servicios ciudadanos de muchas instituciones públicas y un largo etcétera en el que no incluiré los “servicios” de migración y pasaportes porque ya esos no están en crisis, el calificativo se queda corto.

Para entender el contexto de la reforma fiscal que se avecina invito a leer los brillantes artículos de una voz autorizada en materia tributaria como lo es Germania Montás, que con gran claridad lanzaba recientemente diez preguntas que se deben responder a propósito de la reforma, para entender el objeto perseguido y cómo se prevé gastar los recursos, o la necesidad de revisar la Estrategia de Desarrollo antes de la reforma.

En fin, hay muchas cosas que definir, porque coincidiremos todos los dominicanos de bien, que la reforma fiscal no puede ser para reeditar la crisis de los servicios públicos, el manejo inescrupuloso de los recursos del Estado, la publicidad gubernamental y otros tantos males de nuestra sociedad civilizada.