El gobierno del presidente Luis Abinader envió al Congreso la pasada semana el proyecto de ley de reforma fiscal, donde propone una serie de medidas impositivas que buscan garantizarle unos 120 mil millones de pesos extras para ser invertidos en áreas como seguridad pública, pago de los intereses de la deuda, déficit del sector eléctricos, salud y otras.
Todos estamos conscientes de que una reforma fiscal es necesaria, sobre todo por la baja tasa de tributación que tenemos de sólo un 14% frente a la media del continente que es de 21%. Una reforma fiscal es indispensable, pero lo más importante y crucial es que esa reforma sea cuidadosa, bien pensada, bien estructurada y que afecte lo menos posible a los sectores productivos más importantes de la sociedad. Si se toman medidas sin planificación ni sentido estratégico, se podría estar “matando a la gallina de los huevos de oro”.
Ante esta reforma lo primero es que, al parecer, el Gobierno no consultó a ningún sector sobre las medidas que propuso. Las protestas del sector industrial, turismo, bebidas y cine, son solo una muestra de que no se habló con ellos. Es posible que todavía haya tiempo, pues, aunque la ley se está discutiendo en el congreso, todo el mundo está consciente de que allí se hará lo que el presidente Abinader decida, ya que el PRM tiene control del poder legislativo.
La mayor parte de los costos de la reforma fiscal van a caer en la clase media y eso es sumamente preocupante, ya que ese sector poblacional es que tiene la mayor parte de la carga tributaria. En las propuestas contenidas en la reforma fiscal, existen muchos aspectos que deberían ser revaluados por el gobierno. Una de esas propuestas, la que plantea que el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), se pague ahora a partir de una vivienda de 5 millones y no 9.78 millones como estaba antes, es un duro golpe a la clase media. En la actualidad cualquier apartamento cuesta más de cinco millones de pesos, por lo que el gobierno estaría llevando a que una gran parte de la población pague un impuesto que significa una especie de alquiler por la residencia en la que vive y es de su propiedad.
Una de las propuesta más irracionales e incomprensibles de la reforma fiscal es la que plantea la eliminación de los incentivos fiscales al cine dominicano, pues eso llevaría a la quiebra total de la industria del cine. La Ley de Cine 108-10 ha sido más que beneficiosa para el Estado y la nación dominicana.
De acuerdo a cifras proporcionadas por la Dirección General de Cine (DGCine), hasta finales del año 2023 los ingresos aportados por el cine a la economía dominicana en general han sido de alrededor de 20 mil millones de pesos. Si a eso le restamos el monto dado como exenciones y créditos fiscales, que es de aproximadamente unos 16 mil millones, queda un saldo positivo para la economía dominicana de 4,000 millones de pesos. A eso le agregamos que ha generado más 15 mil empleos directos y alrededor de 10 mil indirectos, que ha traído más 10 mil millones de dólares en inversión extranjera y que ha consolidado la imagen de marca-país.
Para constatar el monto real de los beneficios del cine dominicano, no solo se puede hablar de las películas dominicanas. Debe hablarse también, en el mismo nivel de importancia, de los ingresos que dejan al país las producciones de películas y series internacionales que se filman en el territorio dominicano en base al artículo 39 de la Ley de Cine. De acuerdo con cifras oficiales de la Dgecine, en el año 2022, el presupuesto ejecutado en proyectos internacionales de cine realizado en el país fue de 9 mil 755 millones de pesos, de los cuales solo se exoneró el 25%, por lo que más de 7 mil millones se invirtieron, pagaron y gastaron en la economía dominicana.
Por todo eso cometen un error los funcionarios del Gobierno, y el propio presidente Luis Abinader, cuando afirman que el cine dominicano no tiene tasa de recuperación. Eso es ver la fiebre en la sábana. El cine dominicano tiene una gran tasa de recuperación si lo vemos en su amplitud. Por todos esos beneficios que genera la industria del cine, el Gobierno debe retirar su propuesta de eliminar la Ley de Cine, porque ella es la que ha permitido crear una industria que aporta muchas cosas positivas al país, al Estado y a la población dominicana.
