La historia, en su pasado y reciente, evidencia que las sanciones, de distinta naturaleza, son una de las herramientas de presión, coacción y chantaje en la arena internacional a disposición de los imperialistas, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Son agresiones violentas que se hacen con ropaje diplomático y aunque pueden preludiar el lanzamiento de misiles y bombas, se aplican para lograr los mismos objetivos por otros métodos más baratos y sin tener que pagar un costo político por ello.
Debe quedar claro que, detrás de la aplicación de sanciones está el respaldo bélico de la superpotencia militar que es Estados Unidos, lo cual siempre les confiere un carácter, un tono y un lenguaje amenazante, para intimidar a los demás.
Se puede sancionar, desde la óptica imperial, a todos y por cualquier motivo, incluso a aliados. Se sanciona apelando a amenazas burdas, por ejemplo, no entrega de ayuda humanitaria, cierre de inversiones, limitaciones de entrada a Estados Unidos de funcionarios de un gobierno “rebelde”, (como suelen denominar a aquellos que no obedecen sus órdenes porque se saben soberanos), elevación de aranceles por la importación de sus productos comerciales, veto al uso del dólar en las transacciones internacionales, prohibición de servicios bancarios, obstáculos para la entrada a organismos internacionales, y más.
Por supuesto: las sanciones son una forma inamistosa y agresiva de resolver asuntos bilaterales, o simplemente, medios para crear las condiciones previas para una agresión directa. Con razón decía Joseph Nye, uno de los artífices del concepto de “poder blando”, en contraposición al uso de herramientas militares y de sanciones que constituyen el núcleo del “poder duro”, que los sancionados pueden sucumbir a esas presiones, pero jamás las olvidan ni las perdonan, con lo que se crea una atmósfera de desconfianza, recelo y tensiones subterráneas, que desembocan siempre en peores conflictos.
Como una de las últimas medidas de la saliente administración del presidente Joe Biden se dio a conocer recientemente que el gobierno de Estados Unidos retiraba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la cual había sido incluida injustamente en 1982, sanción vigente, desde entonces, con pequeños períodos de intermitencia durante la administración de Barack Obama, en el 2015.
En un informe sobre este tema en el 2019, el Departamento de Estado, para justificar esta inclusión, apelaba al argumento de que Cuba había apoyado a las guerrillas latinoamericanas durante los años 60 y parte de los 70; de que tenía vínculos con países incluidos en la lista, como Irán y Corea del Norte y que albergaba en su territorio a ciudadanos norteamericanos que habían cometido secuestros de aviones y a jefes del Ejército de Liberación Nacional, de Colombia.
Según esta lógica, Cuba tenía derecho, entonces, a considerar como terrorista al gobierno norteamericano, por haber organizado la invasión de Playa Girón , en 1961; haber armado y dirigido a las bandas contrarrevolucionarias que asolaron la región del Escambray, hasta 1965; por planear, según datos estadounidenses y cubanos, el asesinato de Fidel Castro en cientos de ocasiones; por haber patrocinado sabotajes, desvíos de aviones y embarcaciones navales hacia territorio norteamericano y no haber extraditado a terroristas causantes de muertes y destrucción en el país, empezando por los esbirros de la depuesta tiranía de Fulgencio Batista.
En cuanto a las relaciones con Irán y Corea del Norte, cientos de otros países las mantienen, amparados en el derecho internacional.
En el caso de Corea del Norte, en 2009 mantenía relaciones diplomáticas con 160 países. El presidente Trump tuvo un cordial encuentro en la Cumbre de Singapur con Kim Jong Un, el 12 de junio del 2018, en febrero de 2019 volvieron a encontrarse en Hanoi, y el 30 de junio de ese mismo año se encontraron de nuevo en la frontera entre el Norte y el Sur de Corea.
En cuanto a Irán, mantiene actualmente relaciones diplomáticas con 30 países europeos. En el continente americano mantiene relaciones con 13 países, entre ellos Canadá y Estados Unidos, este último, con una oficina de intereses en Teherán.
La lista de estados patrocinadores del terrorismo es ilegal, pues no está avalada por ningún organismo internacional respetable, solo por el gobierno norteamericano de acuerdo con sus intereses geopolíticos y también de política interna. La inclusión de Cuba en una lista con solo cuatro estados a nivel mundial, pues los otros son Irán, Corea del Norte y Siria, surgió viciada desde sus orígenes y aparte del odio visceral estadounidense contra la Revolución cubana, y su larga trayectoria de hostilidades, bloqueos y agresiones por aplastarla, obedece a las presiones politiqueras del lobby contrarrevolucionario cubano en ese país, el cual vive y se lucra del dinero destinado a ello.
Si bien esta medida ha sido calificada por la cancillería cubana como que va “en la dirección correcta”, también ha recordado que el bloqueo genocida contra el pueblo cubano se mantiene.
Se espera que la nueva administración de Donald Trump reingrese a Cuba en la lista, y anule la decisión del saliente presidente Biden y desconozca la demanda de cientos de países, organizaciones internacionales, personalidades, políticos y legisladores norteamericanos. Como han desconocido, de manera intencional, las 32 votaciones de la Asamblea General de la ONU, en que por mayoría viene refutando de manera categórica la violación de la Carta de las Naciones Unidas, al pedir que se levante el bloqueo contra Cuba. La última resolución, en octubre pasado obtuvo 187 votos a favor, una abstención; y los dos en contra, Estados Unidos y su aliado Israel. No sería nada extraordinario, ni que no hubiese sucedido antes. Cuba tiene amplias muestras de semejantes actitudes inamistosas de parte de su poderoso vecino, lo conoce al dedillo y sabe cómo resistir.
Biden también puso en vigor otras dos medidas colaterales que se anunciaron: la no aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton, que ampara reclamaciones ante cortes norteamericanas por demandas de bienes nacionalizados por la Revolución y una cierta flexibilización de vetos a acciones y funcionarios cubanos que eran objeto de sanciones específicas.
Por supuesto que es mejor que se haga justicia y se saque definitivamente a Cuba de semejante lista, abriendo una brecha en el muro del bloqueo, pero de revocarse la decisión, Cuba no se rendirá, ni abandonará la defensa de los derechos de su pueblo y de otros pueblos del mundo.
La lista que sí interesa y en la cual está Cuba, con pleno derecho, es la Celac, Grupo de los 77 (G-77), Unesco, la Asociación de Estados del Caribe, Comunidad del Caribe (Caricom), Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otros; y, recientemente, la de países miembros y asociados de los Brics. Y esa no la puede prohibir los Estados Unidos con su agresiva política imperial y decadente.
