Primero, trate de mantener la calma. Probablemente se siente confundida, enojada, temerosa, cansada…, todas esas emociones son válidas. Sepa que hay opciones y puertas abiertas para ayudarla a enfrentar la difícil situación que usted atraviesa.
En un mundo ideal, su institución debería hacer todo lo posible para resolver el caso de manera sopesada. Pero las dinámicas de poder en este tema son complejas: la potestad de ayudarla a usted, recae en manos de personas que probablemente quieran protegerse los unos a los otros.
Tengo entendido y celebro que en estos momentos se esté haciendo una revisión de fondo al Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, porque la última vez que lo analicé, caía en un gancho circular sobre este tema.
El Proyecto dice que usted deber reportarlo ante Recursos Humanos, pero sabemos bien que en las instituciones públicas, los lazos políticos y personales suelen pesar más que los derechos laborales y que los derechos de las mujeres. Al denunciar dentro de la institución, usted corre el riesgo de que todo el engranaje de una institución del Estado se torne en su contra.
Entonces, tendrá que soportar mucha mezquindad y bajezas, incluso por parte de personas que usted no se lo espera. Paulatinamente le quitarán asignaciones y harán circular todo tipo de rumores malignos sobre usted. La intención es aislarla y quebrantar su voluntad. En ese momento: aguante. De igual manera, usted recibirá apoyo clandestino, incluso de personas que tampoco se lo espera. Esas muestras de solidaridad y cariño le proporcionarán energía y fortaleza si decide proseguir.
Escriba todo lo que recuerda, incluso detalles que usted considere “insignificantes”, para establecer una cronología detallada. Ah, es fundamental que deje constancia escrita de sus pasos (documente todo con acuses de recibo formales y por correo electrónico).
Es importante abrir el proceso dentro de su institución, vía el departamento de Recursos Humanos, pero le recomendaría que de manera paralela (y con extrema discreción) acuda a una instancia rectora fuera de su institución, para cerciorarse de que sus derechos como trabajadora sean preservados. La instancia que la puede ayudar en esta situación es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Muchas instituciones públicas, incluso aquellas que deberían ser expertas en la materia, no tienen protocolos internos establecidos sobre cómo manejar el acoso sexual, pero la DIGEIG sí.
Entiendo perfectamente que existe legítima desconfianza en las instituciones del Estado, pero hace poco tuve la oportunidad de observar el riguroso trabajo que se realiza bajo el liderazgo de don Lidio Cadet, particularmente en el Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias, y doy voto de confianza al trabajo comprometido y humano que allí se realiza.
Siendo Órgano Rector en la materia, tiene potestad para ejecutar medidas que, por compañerismo político, indiferencia o cobardía, la institución donde usted trabaja no quiera tomar. Este tema no es ningún chiste. La DGEIG está realizando una labor loable y seria, a favor de las mujeres trabajadoras. Es una lástima que buenas prácticas de integridad pública, no reciban el reconocimiento social ganado de manera digna y transparente. ¿Será casual?
Anímese y llame, aunque sea para indagar cuáles son sus opciones. El teléfono de la DIGEIG es 809-685-7135. Es un servicio totalmente gratuito. Podrán indicarle cuáles son sus derechos como trabajadora y guiarla en el proceso con profesionalidad, respeto, confidencialidad y empatía. Si usted que lee este artículo no necesita esta información, recórtela y hágasela llegar a cualquier mujer que la pueda necesitar, por favor.
