La decisión del Gobierno de deportar masivamente a los haitianos indocumentados que pululan por calles y ciudades de Santo Domingo, si se logra neutralizar las mafias de inspectores, militares, empresarios y, a veces políticos, es el paso más certero que se ha dado hasta el momento.
Haití ha quedado prácticamente vacío, porque la mayoría huye del hambre, de la violencia descontrolada encarnada por sangrientas bandas ante la indiferencia de los organismos internacionales que hacen caso omiso a los llamados de los gobiernos sensatos de la región.
La situación de República Dominicana es realmente preocupante, debido, sobre todo, a la cantidad de haitianos que han tomado las calles como vendedores ambulantes, motoconchistas y el servicio de comidas sin controles sanitarios, ocupan aceras, contenes, parques, espacios de agencias oficiales y hasta de universidades, sin que autoridad alguna aplique regulaciones.
Además, en la demanda de aulas, camas y consultas en los hospitales, incluso en las maternidades y traumatológicos, también del consumo masivo de medicamentos subsidiados que adquieren para consumo interno y para llevar o enviar a familiares en Haití.
Esta inmensa carga pone en aprietos al gobierno porque no puede satisfacer los requerimientos de los ciudadanos que han perdido el derecho de acceder a estos servicios, aunque tienen que cumplir con las responsabilidades impositivas.
El Gobierno ha tomado una sabia decisión, pero las acciones para ejecutarla deben ser estrictamente vigiladas para que las mafias que por años han hecho fortunas con la trata de personas y la explotación de la obra de mano de los indocumentados, no usen esos recursos para revertirlas cubriendo el retorno de los repatriados para seguir en las mismas.
Tiempo es, además, de colocar la prudencia en primer plano para evitar los abusos y levantar lo suficiente la voz, para defender a capa y espada la soberanía nacional.
