En entregas anteriores se ha afirmado que la responsabilidad de la seguridad ciudadana no puede ser atribución exclusiva del Estado y que esa es una tarea que deben asumir, por igual, a diversos sectores.
Por tal razón es probable que las autoridades se vean tentadas a promover reformas institucionales y de sus políticas públicas con miras a compartir con la comunidad la responsabilidad de controlar, de manera preventiva, el delito.
Las decisiones políticas, empero, suelen reaccionar de forma política, sobre todo ante sucesos dramáticos. Esta reacción se fundamenta ya sea en tratar de ocultar la incapacidad del Estado o con promesas de “poner el orden” (populismo punitivo).
Con frecuencia se acude al endurecimiento de las penas, al establecimiento de la prisión preventiva como regla para determinados casos, construcción de cárceles de alta seguridad, la propuesta absurda (por no poder ser constitucionalmente viable) de restablecer la pena de muerte o de penas anti humanas (como la castración química).
De la misma manera pueden surgir propuestas como la de “tolerancia cero”, giro punitivo que amén de constituirse en un mero simbolismo del poder punitivo del Estado, también se erige en forma de expresión del deseo de venganza de una comunidad urgida de descargar sus temores, al tiempo de que se comunica la idea, aunque sea transitoria, de unidad frente al delito y frente a la inseguridad.
Así las cosas, las decisiones que se adoptan en tales condiciones son de carácter oportunista, pues sólo reaccionan frente a las exigencias punitivas y llenas de temor (miedo difuso) de la opinión pública lo cual, no necesariamente, es seguido de una abordaje técnico, serio ni permanente.
Este populismo punitivo no toma en cuenta a ninguno de los profesionales o administradores del sistema de justicia penal, sino que se apoya en la opinión pública y, particularmente, de los medios de comunicación.
El epicentro de este populismo encuentra apoyo en una serie de emociones negativas (el temor, la indignación, la rabia, el deseo de venganza), que se vinculan con la inseguridad ciudadana.
Su propiciación, eso sí, facilita de gran manera la obtención de beneficios políticos y comerciales vinculados de forma directa con el control del delito y del sistema de justicia penal; todo lo cual necesita del empleo adicional de figuras simbólicas como la víctima y su deseo de justicia.
