La Ley no. 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable establece en su artículo 12 la obligación que tienen los ayuntamientos de crear casas albergues en el ámbito de su territorio, definiendo estos albergues en su artículo 4 como lugares para alojar y proveer de alimentación y cuidado a animales desamparados.
La intención del legislador era que estos animales reciban atención médica, comida y una vez estén en buenas condiciones de salud sean puestos en adopción para familias que deseen acogerlos.
No obstante la disposición estar vigente desde hace 8 años, a ningún alcalde del país le ha interesado cumplir con esa parte de la ley. Sin embargo, ahora que tenemos nuevas autoridades municipales en muchos lugares, varios de los cuáles han expresado preocupación por el tema en sus discursos, se presenta una nueva oportunidad, a la cual quisiera agregar una propuesta para que los albergues cumplan un fin social aún más noble y en beneficio del sector más vulnerable del país: Perros de asistencia para personas con discapacidad.
Los perros alojados en el albergue que reúnan las condiciones de edad, tamaño y salud para ello pueden ser entrenados por expertos (aquí hay varios facilitadores que manejan muy bien las técnicas) para convertirse en perros de asistencia para ayudar a personas con algún tipo de discapacidad y una vez estén preparados ser entregados a familias de escasos recursos que tengan en su núcleo personas con estas necesidades especiales.
En el caso de un niño con autismo, por ejemplo, el perro de asistencia sirve de ancla para evitar que en una crisis el niño escape o corra hacia el peligro, para evitar que baje de la acera y cruce la calle, para evitar que se agreda o agreda a otros, para evitar que terceros lo agredan, entre otras cosas que contribuyen de gran manera a la tranquilidad de padres y madres de niños especiales.
Agregando este proyecto complementario, los albergues cumplirían dos funciones de importancia capital para grupos muy desprotegidos: Los animales en estado de indefensión y las personas con discapacidad.
Los ayuntamientos del país podrían hacer historia con la puesta en marcha de un plan de este tipo y sin dudas se convertirían en este tema, en referentes para el resto de América Latina y El Caribe.
