Un “privateer”, corsario en castellano, era una persona que poseía un barco armado, tripulado por individuos privados, con un mandato del soberano para incursionar en la guerra marítima, especialmente en la captura de barcos mercantes, los cuales generalmente transportaban armas. El mandato, plasmado en las llamadas “letters of marque” (cartas de marca), autorizaba a los “privateers” a atacar embarcaciones extranjeras y tomarlas como botín, incluyendo como premio las tripulaciones del barco capturado, para fines de intercambio. Los barcos capturados estaban sujetos a expropiación y venta según la ley de premios, y las ganancias se dividían entre los patrocinadores, propietarios, capitanes y la tripulación del “privateer”. Un porcentaje de participación, por lo general, iba al emisor del mandato, es decir, al soberano. Para los “privateers”, el corso, un primo muy lejano de lo que hoy día se conoce como privatización, brindaba la posibilidad de obtener mayores ingresos y ganancias que los que se obtenían como marino mercante o pescador. El riesgo, para el soberano, era que los “privateers”, al concluir la guerra, se convirtiesen en piratas.
No hay que sorprenderse, visto lo anterior, del rechazo considerable que la palabra privatización tiene en muchos países del mundo que, en algún momento de su historia, sufrieron las pérdidas causadas por “privateers” y piratas. Se requiere de mucho valor, convicción y capacidad de comunicación para que un gobernante tome la decisión de ejecutar uno de los componentes fundamentales de la reforma que persigue la modernización del Estado: la privatización de empresas estatales. Eso fue lo que República Dominicana observó cuando el presidente Leonel Fernández se presentó en 1997 ante el Congreso Nacional a explicar y defender el proyecto de Ley General de Reforma de la Empresa Pública, la cual se convirtió en la Ley 141-97 que sentó las bases para el proceso de capitalización de la CDE. La CDE estaba prácticamente quebrada, debido en gran parte a la estructura de tarifas mentirosas que erosionaba su flujo de caja e imposibilita nuevas inversiones. El Gobierno, por su parte, no tenía espacio fiscal para continuar financiando el creciente déficit de la CDE. Había llegado el momento de revertir la costosa y lamentable decisión del dictador Trujillo cuando, en 1955, nacionalizó la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, pagando a sus dueños la suma de US$13.2 millones (US$121.7 millones de 1999). Así nació la CDE, empresa que, a partir de 1999, fue reformada para permitir inversiones de privados con el objetivo de capitalizarla, hacerla más eficiente y reducir la carga fiscal que representaba.
Los activos de la CDE se dividieron en varios bloques: los de generación a partir de combustibles fósiles, que pasaron a las empresas capitalizadas EGE Haina y EGE Itabo; los de generación hidroeléctrica, que pasaron a la estatal EGEHID; los de transmisión, que pasaron a la estatal ETED; y los de distribución y comercialización, que pasaron a las tres empresas de distribución capitalizadas (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE). La capitalización de las EDES, que funcionó a la perfección en Panamá, aquí no produjo los resultados esperados y el Gobierno dominicano se vio precisado a recomprar las acciones que tenían los inversionistas privados extranjeros en EDENORTE y EDESUR (Unión Fenosa) en el 2003 y EDEESTE (The Trust Company of the West) en el 2009.
En el ámbito de la generación, no sucedió lo mismo. Tomemos el caso de EGE Haina. El valor asignado a los activos de generación que la CDE aportaría a la empresa a ser capitalizada y que fue designada como EGE Haina fue de US$144.5 millones. Los inversionistas privados aportaron un monto similar, lo que llevó el total de activos de la empresa a US$289 millones en el 2000. Han pasado más de 20 años desde que esa empresa pasó a ser manejada por el accionista y doliente privado. ¿Cuáles han sido los resultados de la capitalización de EGE Haina? En primer lugar, al 30 de septiembre de 2021, EGE Haina tenía activos por US$903 millones, más de tres veces del nivel que tenía cuando arrancó la capitalización de esta empresa. El 62.2% de las acciones de EGE Haina pertenecen al Estado dominicano (Fonper 49.994% y Banco Central 12.2%). En consecuencia, mientras el Estado dominicano tenía activos por US$144.5 millones en EGE Haina en 1999, hoy tiene US$561.7 millones, casi cuatro veces más.
En segundo lugar, entre 2002 y septiembre de 2021, las utilidades netas acumuladas de EGE Haina ascendieron a US$799.6 millones. De esas utilidades, el Gobierno dominicano ha recibido en forma de dividendos cerca de US$496 millones. Adicionalmente, ha recibido ingresos por impuesto sobre la renta pagado por EGE Haina ascendentes a US$269.9 millones. Cuando sumamos los dividendos y el impuesto sobre la renta que ha pagado EGE Haina, se tiene que el Estado dominicano ha recibido US$766 millones. A este monto habría que añadir otros impuestos que la operación de EGE Haina ha permitido cobrar al Gobierno durante el período 2000-septiembre 2021, incluyendo el impuesto sobre la renta retenido y finalmente liquidado por sus más de 500 empleados y ejecutivos, los impuestos sobre importaciones, los selectivos sobre telecomunicaciones y combustibles utilizado en el transporte, y el Itbis no deducible sobre compras de bienes y servicios gravados. Cuando estos impuestos indirectos se añaden, el aporte total de EGE Haina se aproxima a US$1,000 millones.
En los últimos 15 años, EGE Haina ha exhibido un promedio anual de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$114 millones. El monto subiría a US$128 millones si sumamos el “management fee” de 2.95% de los ingresos brutos que el administrador privado ha cobrado anualmente en promedio, como recomendaría cualquier especialista en valoración de empresas, al comprobar que dicho “fee” no existiría en el caso de una empresa 100% privada. Para mercados emergentes, Aswath Damodaran, Profesor de Finanzas de la Escuela de Negocios Stern de NYU, estimó el pasado 5 de enero que el múltiplo Valor de la Empresa/EBITDA en el sector de generación de energía es de 9.26. En otras palabras, si EGE Haina tiene un EBIDTA promedio de US$128 millones, utilizando el múltiplo estimado por Damodaran, se llega a un valor de la empresa, hoy día, de US$1,185 millones. Si a ese valor le restamos el valor en libro de la deuda financiera (US$335.9 millones) y le sumamos el efectivo en caja (US$36.9 millones), tenemos que el valor del 100% de las acciones de EGE Haina asciende a US$886 millones.
En otras palabras, el 50% de las acciones de EGE Haina que quedaron en poder el Estado dominicano y que en aquel momento fueron valoradas en US$144.5 millones, hoy tienen un valor de US$443 millones, es decir, tres veces más. Dado que el Estado dominicano hoy posee el 62.2% de las acciones, el soberano tiene en EGE Haina un valor accionario de US$551 millones.
De los 576 MW (362 MW) de potencia instalada (efectiva) que tenía EGE Haina en 1999, más de la mitad estaba colapsada, dañada o en espera de inversiones para operar adecuadamente. Las emisiones de gases de efecto invernadero que generaban los pocos motores encendidos resultaban alarmantes. El 100% de sus generadoras quemaban diésel y fuel-oil, pues Barahona, que utilizaría carbón, se inauguró en el 2001. Hoy día, EGE Haina opera más de 1,000 MW generados con una matriz diversificada que incluye: gas natural (41%), eólica y solar (28%), fuel oil (26%) y carbón (5%).
La capitalización de CDE-Generación Térmica que concluyó con la constitución de la Sociedad Anónima conocida como EGE Haina, sin lugar a duda, ha sido muy favorable para el Estado dominicana. Alguien podría argumentar que la capitalización no debió ocurrir en 1999, pues una gran cantidad de inversionistas se escondieron en los armarios luego de la crisis financiera del Asia de 1997, la crisis financiera de Rusia de 1998 y la crisis brasileña de 1999 que desató la mega-devaluación del real. ¿Qué más adelante podrían haberse obtenido mejores condiciones? Quizás sí, quizás no. En el 2000 tuvimos cambio de gobierno, lo que siempre acarrea incertidumbre para los inversionistas. En el 2001, EE. UU. entró en recesión y el 11 de septiembre el mundo fue testigo del más grande acto terrorista de la historia. En el 2003 y 2004 fuimos sacudidos por la peor crisis bancaria de nuestra historia. Como se ve, no parece existir mucha diferencia entre tratar de escoger el mejor momento para ejecutar una reforma y jugar a la ruleta rusa.
Temer a la privatización total o parcial de empresas totalmente reguladas por el Estado no resulta razonable. Por eso, el gobierno de Danilo Medina tenía en agenda vender la mitad de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) a través de una licitación pública internacional, para lo cual contrató a Guggenheim Partners. Por eso, el gobierno de Luis Abinader, en el primer Presupuesto General del Estado de 2021, incluyó RD$87,315.9 millones dentro de la partida de ingresos de capital derivados de la venta (disposición) de activos no financieros, equivalente a US$1,402 millones, lo que sin lugar a duda enviaba una clara y correcta señal de que el Gobierno tenía previsto vender el 50% o más de las acciones de Punta Catalina. Lamentable, al tratar de utilizar el Fideicomiso, un vehículo diferente, más complicado y con experiencias mixtas en la región, en lugar de una Sociedad Anónima, se ha creado una situación donde apoyar la privatización y el corso que practicaban los “privateers” resultan sinónimos. Mientras los políticos la rechazan, nosotros seguimos y seguiremos insistiendo que una privatización bien ejecutada y totalmente transparente, parcial o total, de CTPC, es la mejor opción para que esa termoeléctrica no termine en las mismas condiciones en que los inversionistas privados recibieron, en 1999, los activos que el Estado aportó a EGE Haina.
